No hay nuevas órdenes de aprehensión contra estudiantes: PGJ

Después que el abogado de los tres jóvenes detenidos por un presunto ataque durante el Desfile del 5 de Mayo, Héctor Uribe Pacheco, dijo a los medios de comunicación que es posible que se giren nuevas órdenes de captura contra sus clientes; la Procuraduría General de Justicia señaló que el tribunal no ha notificado nada al respecto.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguró que Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar Vázquez e Iván Ismael Guizasola Vázquez siguen siendo sujetos de una investigación y sería hasta cuando termine la misma que el tribunal podría girar órdenes de reaprehensión. Aunque de momento no han sido notificados por el juzgado.

De acuerdo con la información publicada esta semana, un juez de Cholula y otro de Puebla habrían solicitado las detenciones de los jóvenes; sin embargo, la PGJ indicó que hasta que no le llegue dicha notificación la Policía Ministerial no puede volver a detener a los involucrados.

Por su parte, fuentes extraoficiales señalaron que el tribunal no ha emitido ninguna sentencia en contra de Néstor, Eduardo o Ismael porque la PGJ no ha entregado el dictamen correspondiente, además que no se podrían emitir otras órdenes de aprehensión si es que los acusados salieron bajo fianza.

A pesar de estas afirmaciones, el abogado, Héctor Uribe, sostuvo que se estaría buscando imputarles nuevos delitos a sus clientes, porque las autoridades ministeriales han manejado el asunto con total opacidad, ya que no lo dejan acceder al expediente del proceso.

Cabe recordar que López Espinoza, Salazar Vázquez y Guizasola Vázquez fueron asegurados el 3 de mayo después que una supuesta llamada anónima denunciara que cometerían “actos violentos” durante el Desfile del 5 de Mayo, pero el propio procurador, Víctor Carrancá Bourget, había admitido que no se tenían pruebas suficientes para saber si actuarían en ese sentido.

A pesar de ello, los jóvenes permanecieron bajo arresto más de 28 horas, lapso en el cual fueron torturados, golpeados y hasta amenazados de muerte, también en ese periodo sus viviendas fueron cateadas por presuntos policías ministeriales, quienes se llevaron varios objetos de valor, como computadoras y celulares, que no han sido devueltos cuando los estudiantes salieron libres bajo fianza.