Piden que PGR investigue destrucción de la Casa del Torno

Organizaciones de expertos pidieron que además de la restitución de la Casa del Torno, edificio del siglo XVIII que fue destruido para edificar una estación de transferencia del Teleférico, las autoridades apliquen una multa económica, como ocurrió en los Baños del Paseo Bravo, y se inicie un proceso en contra del gobierno estatal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El presidente del Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio, Francisco Vélez Pliego, comentó durante una entrevista que si bien el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó que el inmueble sea reconstruido, también tiene facultades para imponer otras sanciones, esto de acuerdo con la reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticas e Históricas.

De acuerdo con la nueva normativa, a quien dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doce años, así como una multa de 64,476 a 194,280 pesos y el cargo del costo de la reparación del daño causado.

Aunque dijo que en todo caso una sanción económica sería mucho menor a la reconstrucción del bien cultural, por ello, no criticó la postura del INAH, pero sí exigió que comience un proceso en la PGR, porque la destrucción de los bienes culturales no es una falta administrativa menor, sino un delito federal.

Vélez Pliego, indicó, además, que para aplicar las sanciones por el proyecto del Teleférico no sólo se debe tomar en cuenta a la Casa del Torno, sino otros inmuebles que fueron demolidos para las edificaciones de las torres, como una casa de principios del siglo XX en la colonia Buenos Aires. De igual forma las autoridades tendrían que contemplar que se estuvo trabajando por varios meses sin contar con permisos del INAH y del ayuntamiento, ni con los estudios de impacto ambiental y urbano.

Recordó que el municipio tampoco había liberado los permisos de construcción, porque los condicionó al aval del INAH, entonces, en ese sentido, tendría que aplicar una sanción económica tal cual lo hizo con los particulares que comenzaron a laborar sin autorización en los Baños del Paseo: “El gobierno municipal ha pecado de omisión, no ha realizado acciones en contra del gobierno del estado por el gravísimo delito de alterar bienes culturales”, agregó.

El urbanista, sostuvo que si en el caso de los baños se multó por 100 mil pesos, se debe aplicar un criterio similar en la Casa del Torno y en los otros inmuebles perjudicados por las obras. Dijo que esta acción no debería ser tanto por un afán económico, sino para “restituir los principios de legalidad y ejercicio cabal de las responsabilidades” de los organismos de gobierno.

Señaló que si no se hace lo propio con el gobierno estatal sería un precedente para que los particulares actúen de la misma forma, destruyendo el patrimonio histórico para realizar sus proyectos sin la anuencia del propio ayuntamiento o del INAH, tal cual ocurrió en los Baños del Paseo Bravo, donde los dueños no contaban con los permisos de demolición o construcción.

No confiamos en INAH

Por su parte, la coordinadora del Comité en Puebla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), Georgina Ortega Cambranis, indicó que no confía en el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que intervenga ante la demolición de inmuebles históricos, porque muchas veces los infractores han actuado con su aval.

La arquitecta, expuso que no sólo la Casa del Torno es un caso que se debe analizar, pues el edificio de la 2 Oriente, número 205, es más grave, porque a pesar de estar catalogado el propio INAH autorizó las obras al interior del edificio para que se construyera un estacionamiento. Además, denunció que las obras en el lugar siguen progresando pese a que el ayuntamiento las ha clausurado en diversas ocasiones.

Señaló que en estos dos casos, la Casa del Torno y el edificio de la 2 Oriente, vigilará que se aplique la normativa a cabalidad, tanto para preservarlos, como para intervenirlos.