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Alfredo Arango usa de oficina el Hospital UPAEP

Alfredo Arango usa de oficina el Hospital UPAEP
Alfredo Arango, ex secretario de Salud en el sexenio de Mario Marín Torres, convirtió el Hospital UPAEP en su oficina y desde ahí promovió el juicio de amparo 11 / 2013, en el Juzgado Cuarto de Distrito contra el proceso de revisión de la cuenta pública del 1 de enero al 31 de enero de 2011, en el Congreso del Estado.
Pese a que se informó por parte de las autoridades estatales que la salida de prisión de Alfredo Arango era por un problema delicado de columna y se tenía que tratar en un hospital particular, el pasado 9 de enero, el ex funcionario marinista gestionó a través de sus abogados un nuevo amparo contra el Poder Legislativo.
Hasta la fecha, las autoridades estatales siguen sin dar reportes del estado de salud del ex colaborador de Mario Marín Torres y tampoco aclararon por qué se le envió a un hospital privado si el reglamento de los Ceresos establece que debió irse a un particular.
Aquí parte de lo publicado el pasado 7 de enero sobre el tema:
“Al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) existen serias dudas sobre la legalidad del permiso otorgado por el director del Penal de San Miguel, Juan Roberto Montero Romero, para la salida de Alfredo Arango García al Hospital UPAEP, y se analizan acciones legales para proceder.
 
Fuentes del TSJ indican que después que se dio a conocer la salida de Alfredo Arango, el 22 de diciembre de 2012 para atenderse un problema en la columna, se hizo un análisis jurídico de la situación y se determinó que no existió una autorización del Juzgado Octavo de lo Penal.
 
Al revisar el marco legal por parte de algunos magistrados se determinó que el gobierno (porque obviamente el permiso lo firmó Juan Roberto Montero, pero con el aval de sus superiores), autorizó la salida de Alfredo Arango con base en el Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla.
 
Sin embargo, lo que indica ese reglamento y la situación política y legal de Alfredo Arango ponen en tela de juicio la legalidad del permiso para que el ex funcionario marinista saliera de la prisión a un hospital privado y no a los públicos, como ocurre con los reos que salen por situaciones de gravedad”.

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