Gobierno debe apoyar a las Pymes

Que los tres órdenes de gobierno apoyen a las Pymes que son el 97% de las empresas del país que aportan el 76% de la mano de obra a nivel nacional, indicó Francisco Gallo Palmer, presidente de la Asociación Mexicana de Industria de la Construcción (AMIC) Nacional.

Durante su visita a Puebla, ejemplificó que en Morelia, Michoacán, el cabildo aprobó el tope presupuestal de las asignaciones directas, “de 600 mil pesos acordados se fue a 8 millones de pesos y de las 450 obras ejecutadas en ese estado durante el 2016, tres de ellas fueron licitación pública y el resto, por asignación directa, lo que promueve la corrupción”, indicó.

Para Francisco Javier Tejeda Ortega, representante de la AMIC en el estado; Puebla se ubica como la cuarta zona metropolitana del país que requiere de inversiones y proyectos integrales que la fortalezcan y la habiliten por lo cual, la ley de construcción que data de hace 70 años debe adecuarse.

“La deuda contraída por el Gobierno de Puebla en el periodo 2011 a 2015, asciende a más de 34 mil millones de pesos, 26 mil millones mediante los esquemas de Inversión en Proyectos Productivos(IPP), Inversiones Publica Privada (IPP) y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS); 8 mil 690 millones, corresponde a deuda directa avalada, y contingente, sin aval, según lo ha expresado por Eudoxio Morales Flores, Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social, Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)”, informó.

Por ello, exigió que se cumplan las leyes de obra estatal y el Código Reglamentario Municipal (Coremun) exija procesos de licitaciones públicas y se genere un fondo de apoyo a los gobiernos municipales, para que puedan contar con recursos en la elaboración de estudios, programas y proyectos.

Sugirió etiquetar hasta el cinco por ciento del valor de la obra pública para cubrir las erogaciones necesarias para la realización de estudios previos, proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería, pago de licencias de uso de suelo y construcción, así como dos por ciento para indirectos institucionales y dos por ciento más para cubrir los gastos de supervisión de calidad de las obras.

Al contarse con Programas de Desarrollo Urbano, se privilegiará la realización de las obras prioritarias y necesarias, evitando el “inútil lucimiento artificioso del gobernante”, expuso.

“El sector de la construcción, podría competir en igualdad de condiciones, y por ende generar oportunidades de trabajo a diferentes actores, que actualmente se encuentran sin trabajo y sin posibilidades de crecimiento como es el caso de las mipymes”, concluyó.