Durante la pasada sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Puebla, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 350 del Código Penal local, con el objetivo de sancionar a quienes, ante una emergencia, prioricen grabar, transmitir o difundir imágenes, audios o videos de personas heridas o en peligro en lugar de solicitar ayuda o prestar auxilio inmediato.
La propuesta, que busca adicionar un segundo párrafo al citado artículo, contempla multas que oscilan entre los 5 mil 865 y los 11 mil 731 pesos (equivalentes a 50-100 Unidades de Medida y Actualización), como agravante a la figura de omisión de auxilio ya existente. El objetivo central es desincentivar la conducta de los llamados “mirones digitales”, quienes anteponen el contenido para redes sociales al deber moral y potencialmente legal de ayudar.
La iniciativa ha generado un intenso debate. Por un lado, sus impulsores destacan la necesidad de combatir la normalización de registrar tragedias, accidentes o hechos violentos con fines de viralidad, un fenómeno impulsado por la inmediatez de plataformas como TikTok, Instagram o X. Por otro, críticos la califican como una posible forma de censura que podría limitar el derecho a documentar y grabar en espacios públicos, especialmente en casos de interés público, abusos de autoridad o transparencia.
Legislaciones similares en México y el mundo
En México, no existe una legislación idéntica a nivel federal o en la mayoría de los estados que sancione específicamente el acto de grabar antes de ayudar. Sin embargo, la propuesta poblanense se enmarca en reformas más amplias de protección a víctimas:
- En el Estado de México, se han endurecido sanciones por difundir imágenes de víctimas de delitos, con penas de prisión de cuatro a ocho años en ciertos casos, especialmente cuando involucra a mujeres, niñas, niños o adolescentes
- Leyes como la Ley Olimpia (adoptada en múltiples estados) tipifican la difusión no consentida de contenido íntimo como violencia digital, pero no abordan directamente emergencias públicas
- Existen disposiciones generales sobre omisión de auxilio en códigos penales estatales (como en Veracruz o Morelos), que sancionan no prestar ayuda a lesionados cuando es posible sin riesgo propio
A nivel internacional, hay precedentes más directos:
- En Alemania, desde 2019 se endurecieron las penas (hasta dos años de prisión) por producir o transmitir imágenes de fallecidos o heridos de manera “groseramente ofensiva” sin autorización, priorizando la protección de la dignidad y privacidad de las víctimas
- Suecia ha implementado medidas contra la violación a la integridad mediante grabaciones en accidentes
- En Países Bajos, existe discusión avanzada para prohibir específicamente el compartir (no solo grabar) imágenes de víctimas de accidentes, con multas elevadas o prisión
- En varios países, la policía y autoridades han criticado públicamente el “bystander filming” (grabación por transeúntes) por retrasar auxilios y revictimizar a las personas afectadas.
Implicaciones sociales, legales y humanas
Este fenómeno refleja transformaciones profundas en la sociedad digital. Socialmente, la búsqueda de likes y viralidad ha fomentado un “morbo digital” que deshumaniza a las víctimas: se convierten en contenido en lugar de personas que requieren ayuda urgente. Estudios y reportes policiales indican que grupos de personas filman mientras servicios de emergencia tardan en llegar, agravando el trauma de familias y retrasando la atención médica.
Legalmente, surge un equilibrio delicado entre el derecho a la privacidad y la dignidad de las víctimas (protegidos en constituciones y leyes de víctimas) versus la libertad de expresión y el derecho a documentar en vía pública. Grabar no siempre es delito, pero priorizarlo cuando existe peligro inminente y posibilidad de auxilio puede configurarse como omisión. La propuesta poblana podría reforzar la responsabilidad ciudadana sin prohibir del todo el registro (por ejemplo, para evidenciar abusos), pero exige redacción precisa para evitar interpretaciones arbitrarias o efectos inhibitorios sobre el periodismo ciudadano.
Humanamente, toca fibras éticas fundamentales: la empatía versus la indiferencia espectadora. La deshumanización se acelera cuando el sufrimiento ajeno se instrumentaliza para engagement. Expertos destacan que esto erosiona el tejido social y normaliza la pasividad. Al mismo tiempo, documentar puede tener valor (denuncia de corrupción, pruebas en juicios), por lo que la clave está en priorizar la vida y la ayuda cuando es factible.
La iniciativa de la diputada Tepole Armenta abre un debate necesario en un México donde los accidentes y la violencia son frecuentes y las redes sociales amplifican todo. Su discusión en comisiones y el pleno del Congreso de Puebla será clave para definir si se logra un balance entre proteger a las víctimas y preservar libertades esenciales, o si representa un paso hacia mayor regulación de conductas digitales. La sociedad, mientras tanto, enfrenta el espejo: ¿cuántos seguirían grabando mientras alguien agoniza a metros de distancia?
