A pesar de que los trastornos mentales afectan a una proporción elevada de la población, el sistema de salud mexicano deja fuera a la gran mayoría de quienes los padecen.
Esta brecha no es coyuntural, sino estructural, y responde a un déficit crónico de especialistas, presupuestos insuficientes y una distribución desigual de los servicios.
Según datos epidemiológicos, tres de cada 10 mexicanos desarrollará algún trastorno mental a lo largo de su vida, pero dos de cada tres no recibirá atención. Más del 80% de las personas que viven con un trastorno mental o por uso de sustancias quedan completamente fuera del sistema formal de salud.
La situación es particularmente grave en depresión y ansiedad: el 15.4% de los adultos mexicanos presenta depresión clínica y el 19.3% ansiedad severa. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estima que 35 millones de mexicanos han vivido al menos un episodio depresivo en algún momento de su vida.
Un sistema que no da abasto
La crisis tiene raíces claras en la infraestructura y el financiamiento. México cuenta con apenas 0.36 psiquiatras por cada 10 mil habitantes, menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este déficit de especialistas se combina con una inversión ínfima: el presupuesto destinado a salud mental representa entre el 1.3% y el 1.6% del gasto total en salud, muy lejos del 5% que sugiere la OMS como referencia mínima para una respuesta adecuada.
“Tenemos una demanda creciente y una oferta que no solo es insuficiente, sino mal distribuida”, señalan expertos consultados en reportes nacionales.
La mayoría de los servicios especializados —hospitales psiquiátricos, centros de atención integral y profesionales calificados— se concentran en las grandes áreas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En estados del sur y sureste, así como en zonas rurales e indígenas, el acceso es prácticamente inexistente. Un paciente en Chiapas o Oaxaca puede enfrentar viajes de horas o días para recibir atención, lo que desincentiva o imposibilita el tratamiento.
Factores que agravan el problema
Además del subfinanciamiento histórico, varios elementos estructurales profundizan la crisis:
- Estigma social y cultural: Muchos mexicanos aún asocian los problemas mentales con “debilidad” o “locura”, lo que retrasa la búsqueda de ayuda
- Falta de integración en la atención primaria: La salud mental no está suficientemente incorporada en los centros de salud familiares ni en el primer nivel de atención, que debería ser la puerta de entrada
- Impacto de la violencia, migración y precariedad: Factores como la inseguridad, la pobreza, el desempleo y los efectos de la pandemia de COVID-19 han aumentado la incidencia de ansiedad, depresión y trastornos por estrés postraumático, sin que la capacidad del sistema haya crecido en paralelo
- Escasa prevención y promoción: Los programas de detección temprana y atención comunitaria son limitados, lo que deriva en que los casos lleguen a etapas graves
Consecuencias visibles
Esta brecha se traduce en sufrimiento evitable, mayor discapacidad, pérdida de productividad, aumento en el suicidio y mayor presión sobre otros servicios de salud. La OMS ha advertido que, sin acción decidida, los trastornos mentales representarán una carga económica y social cada vez más pesada para países de ingresos medios como México.
Especialistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que se requiere un cambio de paradigma: aumentar el presupuesto a por lo menos el 5% recomendado, formar y retener más especialistas, descentralizar los servicios mediante modelos comunitarios y fortalecer la atención primaria con enfoque en salud mental.
Mientras las cifras de prevalencia siguen creciendo, la respuesta institucional permanece rezagada. La salud mental en México no es solo un problema de “enfermedad”, sino de un sistema que estructuralmente no está diseñado para atenderla.
