Marchan en la BUAP contra reforma de pensiones; universidad abrirá mesas de diálogo
Entre las principales demandas están revisar las aportaciones al sistema de pensiones, transparentar las finanzas del fondo y garantizar la participación de toda la planta académica en la consulta
Foto: Captura de pantalla
Docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y jubilados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) marcharon este lunes 26 de octubre hacia la Torre de Rectoría para expresar su rechazo a las modificaciones al sistema de pensiones y jubilaciones de la institución.
La movilización partió de la Facultad de Economía y recorrió Ciudad Universitaria hasta llegar a Rectoría, donde los participantes realizaron un mitin, expusieron sus inconformidades y entregaron un pliego general de demandas a las autoridades universitarias.
Entre sus principales exigencias están transparentar las finanzas del fondo de pensiones, revisar las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y garantizar que toda la planta académica participe en la consulta sobre la reforma.
La protesta se realizó después de que la rectora, Lilia Cedillo Ramírez, anunciara el aplazamiento de la consulta para ampliar la participación del personal académico activo, tanto sindicalizado como no sindicalizado.
¿Qué piden los manifestantes de la BUAP?
Durante la marcha, integrantes de distintas facultades señalaron que el convenio de modificación al Contrato Colectivo de Trabajo, presentado por la Asociación Sindical del Personal Académico de la BUAP (ASPABUAP), requiere mayor claridad y revisión.
Los inconformes cuestionan la forma en que se negociaron los cambios y consideran necesario conocer la información financiera que sustenta las modificaciones al sistema de jubilaciones.
Entre las demandas planteadas destacan:
- Transparencia sobre la situación financiera del fondo de pensiones, así como la metodología utilizada para calcular las aportaciones y las jubilaciones
- Revisión de los cambios al Contrato Colectivo de Trabajo y de sus posibles efectos en los derechos laborales.
- Una consulta que incluya a toda la planta académica activa, sin limitar la participación al personal afiliado al sindicato.
- Revisión de las condiciones de retiro, particularmente para quienes trabajan en áreas consideradas de riesgo.
- Garantías para que las modificaciones no representen afectaciones injustificadas a los ingresos y prestaciones de los trabajadores.
Los participantes también expresaron su preocupación por el incremento gradual de las aportaciones al fondo de pensiones, que, de acuerdo con la reforma planteada, alcanzaría el 15 por ciento.
Una de las inconformidades expresadas durante la movilización fue que los trabajadores no deberían asumir nuevas cargas económicas sin conocer con precisión y respaldo documental la situación financiera del sistema.
BUAP anuncia mesas de diálogo para revisar la reforma
La rectora Lilia Cedillo informó el 23 de octubre que la universidad pospondría la consulta sobre la reforma de pensiones, inicialmente prevista para el 28 de octubre, con el propósito de ampliar la participación de los académicos activos.
La decisión busca incorporar a profesores afiliados y no afiliados a la ASPABUAP. Para ello, la institución debe ajustar la organización del proceso y definir una nueva fecha conforme a los requisitos legales correspondientes.
Tras la marcha de este lunes, una comisión de autoridades universitarias recibió el pliego general presentado por los manifestantes. En la recepción participaron funcionarios de la administración central, quienes entregaron el acuse correspondiente.
Los inconformes señalaron que esperan una respuesta institucional a sus planteamientos y anunciaron una nueva reunión para conocer la postura de la universidad.
¿Qué contempla la reforma de pensiones de la BUAP?
La controversia se centra en el convenio de modificación al Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027, firmado el 5 de octubre entre la universidad y la representación sindical.
Uno de los cambios que ha generado mayor preocupación es el aumento gradual de las aportaciones destinadas al fondo de pensiones. La propuesta establece que estas llegarían al 15 por ciento, mientras la universidad realizaría una aportación equivalente.
También se plantean ajustes a las condiciones de jubilación y a la forma de calcular las pensiones, con diferencias según la fecha de contratación y la situación laboral de cada trabajador.
La rectoría ha defendido la necesidad de revisar el sistema para garantizar su viabilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, los sectores inconformes consideran que cualquier modificación debe sustentarse en información verificable y contar con una participación amplia de la comunidad universitaria.
Por ello, el desacuerdo no se limita al porcentaje de las aportaciones: también involucra la transparencia del proceso, la representación de los trabajadores y el alcance de los cambios en sus derechos de jubilación.
Rectoría también plantea mejoras para docentes hora-clase
En su anuncio del 23 de octubre, Cedillo informó que propondría al Consejo Universitario medidas para mejorar las condiciones laborales de los profesores hora-clase.
El paquete contempla un incremento del 10% en el tabulador salarial por hora, el mantenimiento de un bono especial y la posibilidad de ampliar la participación de estos docentes en cargos de representación y responsabilidades académicas.
De acuerdo con la información difundida por la universidad, este sector representa alrededor del 70% de la planta académica activa.
Las propuestas se discutirán por separado de la consulta sobre pensiones, aunque ambas forman parte del contexto de inconformidad laboral que atraviesa la institución.
¿Qué sigue para la comunidad universitaria?
La siguiente etapa estará marcada por las respuestas que entregue la BUAP al pliego de demandas y por la organización de las mesas de diálogo.
También está pendiente establecer una nueva fecha para la consulta sobre la reforma de pensiones, con el objetivo de que participe el conjunto del personal académico activo.
Mientras la rectoría sostiene que es necesario garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, los manifestantes piden que la revisión se realice con transparencia y sin menoscabar los derechos laborales.