Por mayoría de votos, el Consejo Universitario aprobó el proyecto de reforma integral al Estatuto Orgánico de la BUAP, el cual incorpora las opiniones de los más de 56 mil universitarios que participaron en la consulta correspondiente –94.2% estuvo de acuerdo con la propuesta institucional–, con el propósito de contar con un marco de reglas claras que además de incorporar los cambios de la normativa federal, mantienen como interés supremo la estabilidad de la institución.
De un total de 157 artículos, en la reforma integral al Estatuto Orgánico –del cual emanan los reglamentos, lineamientos y procedimientos que rigen a la institución– se modificaron 152, cinco conservan su redacción, 12 fueron derogados, 15 adicionados y dos divididos.
En su mensaje, la rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció la amplia e histórica participación en esta consulta de alumnos, docentes, investigadores y trabajadores no académicos: “con mucha satisfacción, puedo afirmar que este proceso es un ejercicio democrático, abierto, transparente y colaborativo, que cumple con los tiempos legalmente establecidos”.
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Luego de reconocer también al Grupo de Trabajo Institucional, responsable del acopio de propuestas y elaboración de la reforma que puso a consideración del máximo órgano de gobierno de la BUAP, precisó que esta modificación es la continuación de la actualización de la Ley BUAP, con el propósito de armonizar y dar congruencia al Estatuto Orgánico para que se corresponda con diversos reglamentos que más adelante también serán revisados.
“Estamos desarrollando una agenda legislativa que, sin duda, será determinante para el futuro de la universidad, no solo porque asegura la armonización con leyes federales, sino porque nos brindará las herramientas necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional, al tiempo de garantizar la autonomía de la institución”, dijo la rectora.
Antecedentes y consulta
La abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, explicó que el 13 de junio de este año se publicó el decreto mediante el cual se reformó la Ley de la BUAP, cuyos cambios apuntaron al fortalecimiento de la autonomía universitaria y a incorporar orientaciones en materia de derechos humanos, además de armonizarla con la Ley General de Educación Superior. Lo anterior derivó en la obligatoriedad de reformar el Estatuto Orgánico y sus reglamentos en un plazo no mayor a ocho meses.
Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de la BUAP. Foto: Especial
Para cumplir con esta disposición se realizó un ejercicio de consulta de los tres sectores que integran la comunidad universitaria mediante un mecanismo democrático y apegado a la normativa universitaria. La plataforma digital estuvo disponible del 14 de agosto al 1 de septiembre; en ella se registró una participación de 56 mil 228 universitarios: 42.9% del alumnado, 70.8% del personal académico y 63.9% del administrativo.
Del total de opiniones registradas en la plataforma, 94.2% apoyó la propuesta institucional. Miriam Olga Ponce Gómez destacó que esta consulta superó casi en 3 mil participaciones a la que se realizó para armonizar la Ley de la BUAP.
Asimismo, se precisó que más de 150 mil comentarios se registraron en la plataforma; y en 65 de 97 unidades académicas y dependencias administrativas la participación fue mayor al 50%. En total, se registraron 3 mil 335 propuestas en las cuales intervinieron 4 mil 049 universitarios interesados en este proyecto, con planteamientos a nivel individual y colectivo.
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Respecto a las opiniones recabadas en la consulta y que se relacionan con la gratuidad en la educación, la abogada general de la BUAP aclaró que esta transición debe ser gradual, pues depende de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto por la Ley de Educación Superior. Sin embargo, se buscará apoyo de las autoridades federales y estatales para que las finanzas de la institución no se vean afectadas y esta pueda concretarse.
Sobre esta consulta, la rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó el “clima de diálogo y respeto que prevaleció entre todos los universitarios para construir consensos, con el compromiso de mantener esta gran institución no solo hoy, sino para garantizarle larga vida. Eso es lo realmente importante y trascendente”.
Qué se incorpora en la propuesta de reforma
La presente reforma al Estatuto Orgánico –el cual ha sido modificado en cuatro ocasiones: 1999, 2000, 2016 y 2018–, incorpora términos señalados en la Ley General de Educación Superior, como derechos humanos, erradicación de la violencia de género, inclusión, cultura de paz, construcción de saberes, cuidado del medioambiente y uso responsable de herramientas tecnológicas, entre otros.
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Contempla además los requisitos para ser consejero del alumnado y del personal no académico, conforme a su estancia migratoria; también incorpora como Comisión Permanente a la Comisión de Género; reincorpora la figura de secretario administrativo de la institución y de las unidades académicas; la participación de titulares de las unidades académicas en los consejos de investigación y estudios de posgrado y el de extensión y difusión de la cultura.
De igual forma, homologa los requisitos para la o el abogado general y titulares de la Secretaría Administrativa, Tesorería General y Contraloría. También regresa la facultad a los titulares de las unidades académicas para designar o remover a sus secretarios y reconocer las atribuciones de la Comisión Estatutaria de Protección y Preservación del Patrimonio Cultural Universitario.
Esta reforma al Estatuto hace aportes importantes; por ejemplo, sobre la igualdad sustantiva, se favorece el acceso, mismo trato y reconocimiento a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad. Sobre el alumnado, se garantiza su pleno desarrollo y cuidado a la integridad.
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En cuanto a los funcionarios nombrados por el Consejo Universitario, se mantienen los mismos requisitos que para ocupar la Rectoría, excepto en las plazas académicas como titular. Se fortalece la función de investigación en los institutos, se precisa la organización de los Complejos Regionales, y se reconoce el trabajo de las academias como instancias colegiadas, su derecho de articular el trabajo en los programas educativos y la necesidad de que cuenten con un reglamento. En los órganos colegiados se establece la obligatoriedad de la paridad.
Además, los titulares en cada unidad académica podrán remover libremente a sus secretarios. Sobre la Defensoría de los Derechos Universitarios se señala que para ser titular se va a priorizar el conocimiento y experiencia en la materia, para velar por la no discriminación y no violencia de género.
Tras la aprobación del proyecto de reforma integral al Estatuto Orgánico, con 205 a favor, seis abstenciones y dos en contra, la rectora Lilia Cedillo agradeció el trabajo invaluable de cada uno de los consejeros y afirmó que las diferencias tienen cabida en la universidad, “porque es la diversidad la que nos hace ser mejores y ese es el legado para las siguientes generaciones”. Por ello, dijo, “es un gran privilegio estar al frente de una institución participativa, crítica, pero, sobre todo, con gran sentido de responsabilidad”.
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