Los mecanismos institucionales para prevenir, atender y sancionar la trata de personas en México no son suficientes para resolver la problemática. Los vacíos legales en las normativas y las dolientes omisiones que comete el sistema en contra de las víctimas solo agravan y fomentan su crecimiento.
“Sí, hemos avanzado en poder colocar los problemas en agenda y poder modificarlos. Sin embargo, hay todavía toda una estructura que ha impedido que los pasos sean más grandes”, dijo la maestra Edith Méndez Ahuactzin, del colectivo Mujer y Utopía A. C., quien ha visto y atendido casos que el Estado ha abandonado por causas como la falta de voluntad política.
“Las políticas públicas que tenemos en México y en los gobiernos estatales [para atender la trata] siguen siendo o muy generales u obsoletas. No están respondiendo a las necesidades y desigualdades actuales que estamos enfrentando las mujeres, las adolescentes, con todas nuestras diversidades”, indicó Méndez Ahuactzin.
Los recursos legales y de atención existen, pero son mínimos: en 2021, de las 32 autoridades de procuración de justicia locales y federales que existen, apenas 14 reportaron que tienen una fiscalía especializada en delitos en materia de trata de personas. Otros 18 estados solo tienen a un experto en la materia, y únicamente una entidad dijo tener a alguien que conocía de la problemática, pero no existen expertos o instancias adecuadas para ello.
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Sobre aspectos legales, México incluso ha firmado acuerdos internacionales para la erradicación de la trata de personas, pero, en la práctica, no son atendidos por las autoridades. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, México se comprometió a emprender acciones contra la trata con perspectiva de género, de derechos humanos e interseccionalidad.
A nivel nacional, existe el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres e infancias y, a la par, la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas del delito. Ambos son complementos de los compromisos de la Convención, pero difícilmente salen del papel.
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En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, por sus siglas en inglés–, se emitió la recomendación general 38 que reconoce, explícitamente, que hay un fracaso global de los Estados para evitar la trata, por el alto nivel de impunidad que existe en estos delitos.
“Podemos mirar que el delito de trata está aquí, pero todas las desigualdades y otras violaciones graves a derechos humanos no se toman en cuenta. Solo se emite una serie de actividades para cumplimiento, pero no pasan de una campaña”, explicó la académica.
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A este factor se suma la sociedad: “no le podemos dejar todo al Estado o a los gobiernos. Tenemos que exigir también desde lo social y preguntarnos qué no ha pasado, qué puede suceder, qué hace falta que sigamos moviendo para que también podemos podamos hablar de justicia en un nivel social”, detalló.
En ese sentido, la académica llama a reflexionar sobre las deficiencias que existen en el Estado, pero también en la sociedad, donde esta práctica ha llegado a normalizarse al punto en que no existen denuncias formales al respecto: la cifra negra de la trata de personas rebasa el 80%.
