Entre 2006 y 2007, México vivió un repunte súbito en el número de homicidios hacia hombres y mujeres. Estefanía Vela, directora ejecutiva de la organización Intersecta, se dio cuenta de esto y se preguntó qué es lo que había provocado ese crecimiento. La respuesta: la militarización del país.
Así, en octubre de 2018 impulsó la organización, que hoy genera datos e investigaciones con perspectiva feminista antimilitar y antipunitiva para erradicar la discriminación en México. Con ese propósito, sus integrantes asistieron a la Ibero Puebla para el conversatorio Feminismo antimilitarista. Otras lentes para analizar el proceso de militarización en México.
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En el evento estuvieron presentes el Mtro. Roberto Alonso, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y la Lic. Alexia Martínez, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla.
Ambos especialistas resaltaron la importancia de una perspectiva antimilitarista a propósito de la coyuntura actual, en la que se discute la intervención de las fuerzas armadas en otros espacios cotidianos del país. Ante esto, Nicole Huete, coordinadora de incidencia en Intersecta, hizo una diferenciación importante para la discusión: ¿militarización o militarismo?
Mientras el militarismo es una postura ideológica que está a favor de la intervención de fuerzas militares para la resolución de conflictos, la militarización es la materialización de ese posicionamiento, o sea, cuando se les da poderes a los militares que corresponden a otros organismos.
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“La institución [militar] está diseñada para que las personas dejen de ser personas y se conviertan en soldados, que esa sea su característica principal”: Nicole Huete
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Esta determinación afecta el tejido social, principalmente con el aumento en el número de muertes violentas. Dichas cifras fueron expuestas por Karen Luna, coordinadora del área jurídica y políticas públicas de Intersecta, y demuestran que las estadísticas aumentan en aquellos enfrentamientos donde han participado fuerzas armadas.
Entre 2007 y 2018, por cada enfrentamiento en el que participó la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) los asesinatos de mujeres aumentaron en un 2.12%. La cifra asciende al 12.5% en aquellos enfrentamientos en los que intervino la Secretaría de Marina.
“No sabemos bien una parte de la historia, pero lo cierto es que esto ha trastocado cómo viven estas violencias hombres y mujeres, que, haciendo un zoom específico a las violencias hacia las mujeres, lo que nos muestra es que estamos en un escenario en donde se han complejizado”, explicó la experta.
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Nicole Huete profundizó en los principales impactos que ha tenido la militarización del país desde una perspectiva feminista, e identificó tres rubros principales. El primero son las agresiones constantes a mujeres y disidencias sexuales ejercidas directamente por las Fuerzas Armadas.
Según datos brindados por la experta, seis de cada diez mujeres privadas de su libertad en 2021 por la Marina, fueron torturadas sexualmente durante su detención, y dos de cada diez fueron violadas por elementos de esta secretaría. En el caso de mujeres detenidas por el ejército, una cada diez sufrió de este mismo abuso.
Igualmente, datos extraídos de la Encuesta Nacional de Integración sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares (ENDIREH), indican que aproximadamente de 68,000 mujeres habían sido violentadas por marinos o militares en sus comunidades. Esto evidencia las graves falencias cometidas por los elementos de seguridad, afirmó la experta.
El segundo rubro que observan las expertas de Intersecta es que las violencias se complejizan a partir de la implementación de una estrategia de seguridad militarizada, ya que, en cada conflicto donde intervienen las fuerzas armadas, el número de homicidios aumenta.
Como tercer rubro, la organización identificó que existe la priorización de lo militar por sobre otros temas de agenda feminista, social y humanitaria. En el informe Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado? de la organización se demuestra que gran parte del presupuesto público se invierte en programas e insumos para las fuerzas militares.
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Por ejemplo, en 2021 el Estado destinó alrededor de 459.9 millones de pesos en viáticos para viajes al extranjero para militares, mientras que para el programa de refugios para mujeres víctimas de violencia invirtió solo 415.9 millones de pesos.
Un caso similar se observa en el presupuesto para el programa de sobrehaberes —bonos salariales para la milicia—, y en el presupuesto para servicios de guardería del IMSS. Mientras que a los estímulos económicos se les destinó 16,804 millones de pesos, al único programa de guarderías en el país se le asignó el presupuesto de 11,192 millones de pesos.
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A estos factores se suman las prácticas deshumanizantes que tienen las fuerzas castrenses para adiestrar a sus integrantes, que se basan en prácticas violentas y carentes de derechos humanos, y que son obligados a replicar tanto en su práctica diaria como entre ellos mismos.
Finalmente, ambas especialistas coincidieron en que es necesaria la aplicación de una mirada antimilitarista en las exigencias de las demandas usuales del 8M, y en general de la agenda feminista, pues la militarización y sus problemáticas también son efecto de la violencia patriarcal.
