La Universidad de las Américas Puebla presentó el Índice de Impunidad Ambiental México 2020, un documento que propone un panorama de la problemática ambiental en las distintas entidades de la República Mexicana, a través de información estadística comparada sobre delitos, daños, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales. La cual ayuda a identificar las áreas de oportunidad para la formulación e implementación de políticas ambientales que garanticen un medio ambiente sano.
En una sesión a distancia, la Dra. Celeste Cedillo, catedrática de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, fue la encargada de encabezar la presentación del contenido del IGI-AMB 2020, quien señaló que el documento mide de manera comparada la estructura, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales entre las entidades a nivel nacional. Apoyado de una metodología de diferentes variables que se encasillan en cuatro dimensiones analíticas, cada una con valor de un punto, se miden: “la Capacidad institucional que tiene que ver con el desempeño de las instituciones; Crimen ambiental con tomar en cuenta los delitos y denuncias relacionados con temas medioambientales; Degradación ambiental, medir los daños y perjuicios que sufren los recursos naturales y ecosistemas; Estrategia intergeneracional con medir las capacidades institucionales en aquellas políticas y programas que tienen un carácter intergeneracional en efectos y consecuencias”, explicó.
Por su parte la Mtra. Azucena Cháidez, socia fundadora del Sistema de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO), explicó que la información considerada a evaluar fue integrada a partir de datos públicos desde 2015, permitiendo dar certeza de que hay una institución respaldando toda la labor. De igual forma presentó la reseña general de las estadísticas, subrayando que ninguna entidad alcanza un alto desempeño en materia de política ambiental, siendo el promedio nacional 1.93, donde Durango se muestra como la entidad con menos impunidad con 2.31, Colima se destaca con muy alta impunidad por su 1.59, mientras que Puebla se mantiene en un nivel medio con 1.84. “Lo que observamos es que hay una ausencia de atención al tema ambiental en términos generales que resulta preocupante”, expresó.
Las estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y de Relaciones Multiculturales de la UDLAP, Ivanna del Río y Marielise Gutiérrez respectivamente, presentaron los resultados por cada dimensión. En Capacidad institucional el promedio se ubica en 0.25, siendo la Ciudad de México la mejor evaluada con 0.46 y las menos Yucatán y Veracruz con 0.15. En Crimen ambiental la media es de 0.75, Nuevo León tiene la calificación más alta 0.86 y Baja California Sur la peor con 0.50. En Degradación ambiental se promedia 0.57, con un máximo de 0.64 para Zacatecas y 0.45 para Colima. Para Estrategia intergeneracional el promedio es de 0.36, donde Baja California alcanza el mejor resultado con el 0.68 y Tlaxcala el 0.08.
Como invitados para dar impresiones sobre el IGI-AMB 2020 estuvieron el Dr. Raúl Pacheco, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); la Dra. Inés Arroyo, profesora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (CRIM); la Dra. Sandra Guzmán, coordinadora de la agenda global del Grupo Financiero Climático para América Latina y El Caribe (GFLAC) y la Mtra. Anaid Velasco, coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Los invitados coincidieron en que el índice detecta áreas endebles en temas ambientales, como vacíos legales, institucionales, la falta de recursos monetarios para implementar programas ambientales y la poca capacidad para implementar leyes y esquemas que puedan ayudar al medio ambiente en México.
Asimismo, señalaron que es una herramienta con especial relevancia, pues llega en un contexto marcado por la crisis ambiental global, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y las próximas elecciones. Por lo tanto, servirá para discutir cuáles deben ser los cambios a promover en todos los niveles de gobierno para alcanzar una mayor justicia ambiental. “El trabajo de poner las cosas en números, de hacer estos análisis comparativos y cuantitativamente, nos permite ubicar estas grandes brechas entre dónde estamos parados y queremos llegar, estos índices nos permiten ubicar esas brechas y ver cuál es ese camino para reducirlas e implementar medidas que nos permitan atacar estos vacíos”, comentó la Dra. Sandra Guzmán.
Para cerrar la presentación se hicieron algunas recomendaciones: mejorar las capacidades de las instituciones del sector ambiental, incrementar de manera significativa sus presupuestos, desarrollar un sistema de evaluación estatal de resultados de las estrategias y programas ante el cambio climático. Sobre todo recapacitar que esto es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por lo cual deben trabajar en conjunto en pro del medio ambiente.
El documento completo del Índice de Impunidad Ambiental México 2020, para conocer las estadísticas de cada entidad evaluada, puede consultarse en la página de internet del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla: www.udlap.mx/cesij/.
