Las grandes tragedias destapan las desigualdades enterradas por la cotidianidad en todas las sociedades. En el caso de la COVID-19, los estragos en niñas, niños y adolescentes se han observado de forma diferenciada, pero las acciones para contrarrestar dichos efectos no han estado a la altura. Sobre este grupo vulnerado versó un conversatorio de la Cátedra Cossío de la IBERO Puebla.
Como reconoció el Mtro. Florentino Badiel Hernández, director general de IBERO Tijuana, la pandemia ha dejado atrás a las juventudes en materia de educación, violencia doméstica, migración y seguridad alimentaria. “Trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes es trabajar con ellos. Esto es imposible sin el acceso a servicios educativos de calidad”.
Educación resiliente
Se estima que 1,600 millones de alumnos menores de edad en más de 190 países se han visto afectados por la COVID (esto es, el 94% de la población escolar a nivel mundial). De estos, 24 millones están en riesgo de deserción, especialmente los habitantes de zonas rurales, refugiados y personas con discapacidad. Así lo advierte la ONU en su informe La educación durante la COVID-19 y después de ella.
En México tenemos 37 millones de alumnos y 2.1 millones de maestros distribuidos en 265,000 escuelas; con la pandemia, puede haber de 2.5 millones de deserciones. Las dificultades con la conectividad (44% de los niños tienen computadora y el 52% cuenta con internet) son uno de los principales factores de riesgo.
Un posible abandono escolar no solo impacta en el proceso formativo, sino en la seguridad y salud alimentaria de miles de menores que se veían beneficiados por los programas de alimentación y cuidado provistos por las escuelas públicas. “Hay niños que si no van a la escuela no tienen un desayuno. Las afectaciones han trastocado toda la dinámica familiar”, explicó la Mtra. Rocío Cano Albañez.
La ONU destaca enfoques innovadores que suponen estrategias para mitigar los efectos de la pandemia. Por un lado, se propone el uso de los medios de comunicación tradicionales para diversificar la oferta de educación a distancia. De igual manera, se ha buscado la implementación de nuevas estrategias de formación y regularización. Todas las estrategias, aclaró, son perfectibles.
Entre los retos se encuentra la planeación de la vuelta a las aulas, la protección de la viabilidad económica y financiera de la educación, la configuración de sistemas educativos resilientes y la aceleración en el cambio de las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. “Debemos buscar la forma de no dejar a nadie atrás. La educación es la piedra angular de toda sociedad justa. Si no tenemos educación aspiramos a poca cosa”.
Vida libre de violencia
Ahora que las personas se han visto obligadas a convivir permanentemente en el espacio privado se ha exacerbado la violencia contra las mujeres, lo que repercute directa o indirectamente en los menores de edad. “Un niño dice: ‘papá, mamá, ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás enseñando que esto es normal?’ Cuando un niño es víctima de violencia crece con problemas psicoemocionales”, explicó la Dra. Gabriela Guadalupe Navarro Peraza.
La virtualidad es el espacio predilecto para desarrollar las actividades diarias desde el encierro, lo que también expone a niñas y niños a abusos de diferente carácter. “Hay una deuda en materia de cobertura y acceso a los medios digitales. No obstante, quienes tienen la posibilidad están expuestos a violencias, sobre todo sexuales”.
Tanto las mujeres como los menores se ven vulnerados por situaciones similares. Ambos grupos se ven afectados por las normas sociales que perpetúan las dinámicas de poder y tolerancia ante las agresiones. Esto puede agravarse en entornos de estrés, asilamiento y normativas culturales reforzadas a través de los años.
Entre las acciones indispensables se encuentra la atención a las violencias y el apoyo emocional a la niñez. Esto implica optimizar las líneas de emergencia, la atención de menores víctimas de violencia y apoyar a los refugios para mujeres y jóvenes. “Lo que comenzó como una crisis sanitaria corre el riesgo de convertirse en una crisis de los derechos de la infancia”, advirtió.
Niñez en movilidad
En el espectro de población migrante, las personas menores de edad se encuentran en posiciones particulares de vulnerabilidad. Con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014 ─misma que protege a los menores en movilidad─ se conformó una de las legislaciones mejor reconocidas a nivel internacional por su carácter integral y garantista.
La normativa reconoce que los niños migrantes, antes de nada, son seres humanos. Se establecen así una serie de pautas respecto a los derechos para la niñez migrante, como el derecho al debido proceso, a la unidad familiar, a la no detención en recintos migratorios y a la reunificación familiar. El problema, explicó el Lic. Jesús Salvador Quintana Roldán, es que esto no se refleja en los hechos.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes protege el derecho a vivir una vida libre de violencia. En este entorno atípico, las autoridades deben tener acciones puntuales para garantizar estas condiciones.
En el reglamento emitido en 2015 se hace hincapié en que ningún niño, niña o adolescente podrá ser privado de su libertad en cualquier centro de detención migratoria. En cambio, como recomendó la CNDH, el Instituto Nacional de Migración habría de canalizar a los hijos de padres detenidos a los sistemas DIF para garantizar el goce de sus derechos.
El pasado 11 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una armonización entre la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establece como principio fundamental la no detención de menores por motivos migratorios. Esto se hará a través de la documentación como Visitante por Razones Humanitarias. El reto, concluyó Quintana Roldán, es que los nuevos estatutos se cumplan cabalmente.
