Censo de Escuelas es una medida coercitiva contra el magisterio: Guerra

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos es una medida de control para el magisterio, apuntó Miguel Guerra Castillo, representante de los profesores disidentes, para quien la contabilización de los recursos educativos es una medida coercitiva que se sumaría a otras, como su destitución o el cambio de adscripción, hechos ocurridos después de la huelga de brazos caídos del pasado 11 de septiembre.

"El censo debe ser rechazado, es un estado de cuenta de la patronal para saber cuántos haberes tiene, maestros, inmuebles, en fin, pero todo va para controlar más al magisterio a partir de la centralización de la nómina", dijo para quien la centralización implica que se pueda despedir a los docentes de manera más fácil desde el gobierno federal.

El pasado 24 de septiembre las secretarías de Educación Pública (SEP) estatal y federal anunciaron el Censo de Escuelas, Alumnos y Maestros, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 29 de noviembre en todo el país, donde se invertirán 22 millones de pesos para aplicarse en Puebla a los más de 13,697 centros de trabajo, a los 81 mil profesores y a los más de un millón, 380 mil estudiantes.

Cuestionado al respecto, el vocero del Consejo Democrático Magisterial, enunció que el censo va en contra del federalismo, donde se le daba más atribuciones a los estados para la función educativa, "entonces, se quedó en pura demagogia del gobierno, otra vez el gobierno (federal) centraliza la nómina y ahora a través de la tarjeta bancaria podrá despedir con un click a los maestros a través del control de la nómina, y el censo va para allá, es una medida coercitiva".

En otro tema, el líder de los maestros disidentes, apuntó que seguirán peleando contra la reforma educativa, así como la reinstalación de los profesores que fueron cesados o cambiados de adscripción por manifestarse contra las medidas del gobierno.

Sobre ello compartió que muchos de sus compañeros han tenido que ceder debido a que no tienen más recursos para subsistir, sin embargo, continuarán peleando en los tribunales para que los educadores que fueron cesados se reinstalen con pago de salarios caídos y en sus centros de trabajos originales, además en puestos donde estaban.