Gobiernos desprecian mecanismos para prevenir violencia de género

Al menos 20 gobernadores del país no instrumentan la violencia de género para prevenir feminicidios, entre ellos, Puebla. Y es que por ejemplo, en territorio poblano la Comisión de Derechos Humanos (CDH) se niega a solicitar una Alerta de Género para el estado, dado que "no existen elementos objetivos" para hacerlo y "no se reúnen los requisitos para tal solicitud".

Sin embargo, la dependencia advirtió la necesidad de que las instituciones públicas fortalezcan sus acciones de prevención y protección de los derechos humanos hacia las mujeres.

Desde septiembre de 2015 el Congreso del Estado le solicitó al organismo que analizara la petición de alerta, debido a la desaparición de diversas jóvenes.

La CDH llamó entonces a 30 organizaciones sociales, actores políticos y universidades a que participaran del análisis de la violencia de género.

Sin embargo, la CDH insistió que no existen "elementos objetivos" para hacer la solicitud y, además, de que no se reúnen los requisitos para tal acción.

Reconocen feminicidios pero no Alerta de Género

Desde 2015 y los primeros dos meses de 2016 la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 50 feminicidios, informó Víctor Carrancá Bourget, titular del área, quien defendió que no todos los asesinatos de mujeres pueden considerarse como este tipo de delito, debido a que fue el Congreso el que determinó las características para tipificarlo.

Y es que el funcionario detalló que en 2015 se contabilizaron 94 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 37 fueron considerados como feminicidios, porque cumplieron con las características establecidas en el artículo 338 del Código Penal.

De los casos que se han registrado en 2016, Carrancá Bourget señaló que de los 19 homicidios contra mujeres 13 eran feminicidios, lográndose consignar al 70 por ciento de los culpables

Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ) tiene 17 procesos por feminicidios y una sentencia condenatoria por este delito, hasta septiembre de 2015.

Sin embargo, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) contó de manera hemerográfica 47 posibles feminicidios hasta el 30 de noviembre del 2015, mientras que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana de Puebla contó posibles casos hasta el 6 de noviembre.

Desde el inicio de la administración estatal las organizaciones calculan unos 240 feminicidios, de acuerdo con los reportes de la prensa.

Sin embargo, a pesar de ese panorama, el secretario General de Gobierno del estado (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, declaró que Puebla no reúne el perfil para una Alerta de Género.

El funcionario estatal admitió que se trata de un tema preocupante para la sociedad y para el gobierno estatal.

En ese sentido, aseveró que se trabaja en los feminicidios y una muestra de ello –dijo- es la reciente instalación del Consejo de Seguridad, así como la definición y programas para prevenir la violencia contra las mujeres.

Dijo que el año pasado el Congreso estatal aprobó la reforma para considerar delito grave la violencia reiterada contra las féminas: “No se tiene derecho a fianza y hay castigo a los agresores”, comentó tras asegurar que se elevaron las penas a quienes incurran en este delito.

Ante las insistencias sobre la falta de respuesta de la autoridad, reconoció que se debe hacer mucho más, pues no sólo se puede observar, cumplir y aplicar la ley.

-¿Qué falta hacer para que no quede en discurso? –le inquirieron.

-No queda en discurso, porque estamos trabajando. Ya hay cinco casos resueltos, eso no es discurso y por supuesto vamos a fortalecer todas las políticas públicas.

Procesos de ley

De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia, en su artículo 24, la Alerta de Género se podrá solicitar cuando los delitos contra las mujeres "perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame", además cuando los agravios impidan el ejercicio de los derechos humanos y en caso de que los gobiernos estatales u organismos de la sociedad civil así lo soliciten.

De acuerdo con Brahim Zamora, del Odesyr, en Puebla se necesitarían al menos tres regiones: Zona Metropolitana, San Martín Texmelucan y la Mixteca.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tampoco cuenta con evidencia para promover la Alerta de Género en Puebla, pues las muertes violentas de mujeres en la entidad se encuentran en análisis para dar paso al protocolo nacional correspondiente. Al respecto, la representante de la ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, señaló la impunidad en los tribunales y las calles de la entidad como uno de los factores más nocivos.

La representante de la ONU dijo que los feminicidios se han convertido en una situación preocupante, como la expresión extrema en contra de las mujeres, por lo que se encuentran realizando un estudio a nivel nacional sobre las muertes violentas de las féminas, siendo hasta el momento el Estado de México y Morelos las únicas entidades que cuentan con Alertas de Género en sus municipios, como uno de los mecanismos de los que goza la legislación mexicana para hacer frente a la situación.

Güezmes García, explicó que los riesgos que encontró la organización en la capital de Puebla son similares a los que tienen todas las ciudades de Latinoamérica, pues la marcada desigualdad no sólo entre ambos géneros, sino entre las mismas mujeres ha provocado un marcado rezago originado por la falta de oportunidades.

En lo que va de 2016, en Puebla ya se han registrado al menos 16 feminicidios, como el deceso de Ingrid Vázquez Sánchez, quien feneció internada en el Hospital General del Sur a causa de las lesiones provocadas por un disparo en la cabeza realizado por su novio, quien posteriormente usó la misma arma para suicidarse.

Pese a que son del conocimiento público a través de medios de comunicación, estos violentos asesinatos contra mujeres, la Fiscalía General del Estado sólo ha reconocido como feminicidio los casos de Brenda Tlatelpa, hallada sin vida en un hotel de Tepeaca; Adriana Santos, quien fuera asesinada por su novio en una discusión por celos; Ángeles Leyva, ultimada por un menor de 16 años; Laura Rodríguez, estrangulada por su pareja en la colonia Ladrillera se Benítez, y este jueves el de Samaí Márquez, presuntamente muerta por su pareja sentimental Rafael Portillo Abundis, del que la Fiscalía General lo consignó por el crimen de la mujer de 25 años de edad, quien a la par se encontraba embarazada con dos meses de gestación.