Mucho se ha argumentado desde diferentes espacios y voces acerca de las discrepancias existentes entre los datos oficiales y los obtenidos por los observatorios o por organizaciones civiles en temas tan delicados como lo son las desapariciones de personas y los feminicidios.
Incluso, para muchos familiares de víctimas de este tipo de delitos simple y llanamente muchas veces –señalan– están fuera de toda realidad.
Erróneamente se piensa que dar a conocer los datos reales pudiera ser motivo para colocar a los gobiernos y a las instituciones responsables en posiciones críticas porque presumiblemente podría demostrarse acciones de gobierno fallidas.
Sin embargo, ¿qué sería peor, seguir ocultando los datos reales o reconocer a cabalidad los datos verdaderos de estas gravísimas problemáticas que viven el país, las entidades y los municipios, y aceptarlas, con el propósito de formular nuevas acciones medibles, que puedan ser evaluadas, de manera que los gobernantes de estos niveles de gobierno desarrollen mejores herramientas para enfrentar con efectividad esta terrible realidad que viven miles de familias mexicanas en el país, en los estados y en los municipios?
Me recuerda lo que hace algunos años sucedía cuando se implementó la Alerta de Violencia contra las Mujeres por razón de género. Cuando les era enviada por parte del Gobierno federal, ninguna entidad federativa quería aceptarla porque consideraban que representaba una mala calificación para su gobierno, cuando de lo que se trataba era de que tenían que activar un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar la violencia feminicida, otorgándoles incluso recursos públicos federales extras para ello; para cuando lo hacían, todo era incontrolable.
Visibilizar la realidad de estas problemáticas, desde saber el número de casos reales evitando subregistros, significaría sin duda establecer el campo de atención para focalizar acciones. No documentarlas limita el derecho de las personas a obtener justicia, favoreciendo la impunidad.
Leía una nota reciente sobre desapariciones que mencionaba que incluso hay omisiones de registros en el número de fosas clandestinas con las muchas consecuencias que esto provoca a su alrededor, tan solo una, que en alguna de esas fosas “no registradas” podrían estar los restos de sus familiares. Qué decir de las tantas omisiones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el Banco Nacional de Datos Forenses, así como en la recolección de datos Ante Mortem (AM).
Suponiendo sin conceder que los datos oficiales sean los reales, son más de 130 mil personas que continúan sin ser localizadas en México ¿Cuántos más habrá?, sus familias merecerían mínimamente que se reconocieran.
Lo mismo sucede con los feminicidios que actualmente se maneja que se han reducido, pero, casualmente, datos revelan el incremento en el número de homicidios dolosos de mujeres, esto hace suponer que, con el propósito de reducir números, muchos de estos no se están clasificando e investigando como feminicidios y son registrados en los números que reflejan los homicidios dolosos cometidos contra mujeres. Tal vez para las familias no solo de esos 889 feminicidios y 2 mil 795 homicidios dolosos cometidos contra mujeres en México, en datos oficiales (SESNSP), durante el 2025; sino también para las familias de víctimas de feminicidio que no son tipificados debidamente para su investigación, significaría para todas otorgar justicia.
Los datos no registrados no solo son una estadística, significa que se minimizan o invisibilizan delitos ¿y si empezamos por reconocer estos pendientes?
Los gobiernos tienen la última palabra, porque para la prevención, atención y sanción de este tipo de delitos no caben intervenciones “blandas” como las muy usadas actualmente.
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@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
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