Trascendidos de fin de mes

Que el diputado, quién sabe si priista, perredista o independiente, Alejandro Oaxaca Carreón, ya organiza un ejército electoral para lanzarse de candidato a presidente municipal por San Pedro Cholula. 

El legislador al que, por cierto, le molesta que los reporteros le cuestionen sus constantes ausencias a las sesiones ordinarias que celebra el Congreso del Estado, su camaleónica personalidad política, su tirria a los medios y su mal genio, ya está llenando su marranito para participar en el proceso electoral que se avecina.

Y es que, además, pretende convertir a su esposa en diputada local, por lo que ya, también, prepara su campaña y un buen grupo de patrocinadores. 

Oaxaca, el dogerista disfrazado, intentará negociar, por supuesto, la llegada de su pareja al Poder Legislativo local por la vía plurinominal. Ya sólo, presume, le falta decidir las siglas del partido que lo va a impulsar.

El dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, ya realiza una auditoría a su partido con el fin de entregar un reporte preciso de los gastos ejecutados por su antecesor, Fernando Morales Martínez, a quien, se dice, no le irá nada bien si se le comprueba el más mínimo desfalco.

Las órdenes que tiene el actual líder del partido tricolor, por parte de Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, son claras: Realizar una limpia total de la escoria impregnada durante la gestión del Junior de la familia Morales.

El reporte, aseguran, deberá estar en el escritorio principal del PRI nacional antes que concluya el año.

Que fue un total de 934 aspirantes a candidatos a ediles y diputados locales los inscritos al dichoso curso de actualización priista, organizado por Fernando Morales, por el que se cobró la arbitraria cantidad de 10 mil pesos.

Las arcas del PRI poblano recibieron por esto un total de 9 millones, 340 mil pesos, de los cuales aún no se tiene a ciencia cierta idea de dónde fueron a parar en su totalidad.

Trascendió que Fernando Morales dio órdenes expresas a los delegados priistas de todo el estado a inscribir a los aspirantes que más pudieran, toda vez que habría una jugosa gratificación por ello.

Tal vez a eso se deba que el mismo ex dirigente-delegado supervisaba personalmente el registro de cada aspirante, quien tenía que llevar plasmado en su documento de registro su rubrica.

Me informan, además, que Ángeles Mendoza, encargada de Finanzas del PRI en la gestión de Fernando Morales y, además, hija de Jorge Mendoza, marinista de hueso colorado, se encargó de recaudar los recursos surgidos por concepto del mentado curso.

Y que sólo ella sabe cuánto ingresó o no a las arcas del PRI poblano.

¿Herencia de familia?

Durante la sesión ordinaria que celebró ayer el Congreso del Estado y su LVIII Legislatura, sobresalieron dos iniciativas expuestas por los diputados panistas, Mario Riestra Piña y Juan Carlos Espina von Roehrich.

La primera, tiene que ver con una reforma a la Ley del Transporte del Estado de Puebla. 

El diputado, Riestra, propuso que la Secretaría de Transportes desarrolle campañas, programas y cursos de seguridad vial, así como cursos de capacitación, no sólo como prevención vial, sino como un requisito para expedir cualquier tipo de licencia.

Y es que reveló que en los últimos años, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección de Vialidad, registró un total de 4,537 accidentes automovilísticos en las vías que tiene a su cargo.

De éstos, dijo, 81 personas perdieron la vida de manera trágica, mientras que 990 más resultaron con lesiones de consideración.

Indicó que hasta septiembre de 2012, Vialidad del Estado reportó un total de 1,014 percances en los que 256 personas sufrieron lesiones considerables y 23 ciudadanos perdieron la vida.

El objetivo de su ponencia, subrayó, es elevar en la sociedad el nivel educativo y reducir los accidentes viales, así como lograr fluidez en la circulación vehicular, concientización de los operadores de las unidades del servicio público, así como de los usuarios y de la comunidad, en general, sobre la importancia que tiene el respeto a los ordenamientos en materia vial.

La segunda de las ponencias, la del diputado, Juan Carlos Espina, tiene el fin de transparentar el gasto publicitario y regular la asignación, contratación, producción, distribución y contenidos de la comunicación gubernamental que se realiza a través de cualquier medio.

El legislador, presentó la iniciativa de Ley que Regula la Comunicación Gubernamental del Estado, la cual tuvo gran repercusión entre el gremio periodístico.