¿Quién en su sano juicio abogaría por un delincuente? Pero no cualquier delincuente, sino uno de esos que bajo el mando de una alcaldía y con la protección aparentemente del crimen organizado, parece se gana a los habitantes de una población. No cabe duda que cada municipio o región tiene el gobierno para el que le alcanza; para muestra, los habitantes de Ciudad Serdán y Tlachichuca, quienes por más de 10 horas se manifestaron a las afueras del Congreso local, muy enojados, por cierto, por la detención de tan finos y dignos representantes suyos.
Fue el pasado viernes, mediante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República, que se llevó a cabo la detención de los hermanos Uruviel N., presidente municipal de Ciudad Serdán; Giovanni N., alcalde de Tlachichuca, y de su padre, Ramiro Margarito N. Otro de los hermanos, Ramiro N., edil de San Nicolás Buenos Aires, logró fugarse antes de su detención, gracias al “pitazo” de sus habitantes que, como buenos protectores, avisaron y se opusieron a su arresto.
¡Qué bonita familia! Estos tres hermanitos, junto a su padre, están acusados principalmente de secuestro y extorsión, y así gobernaban los citados municipios. Después surgió la pregunta del millón: ¿quién los postuló para ser alcaldes? Antes que nada, hay que aclarar que estamos hablando de cacicazgos más que evidentes, con personas que únicamente han ejercido el famoso nepotismo y que, tal parece, a sus habitantes no les molesta, al contrario, los representa, así es que ¡tienen el gobierno para el que les alcanza!
Fedrha Suriano, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputada local, fue blanco de fuertes críticas tras las declaraciones que hizo a la prensa, enfatizando que ellos como partido nunca notaron nada raro en estos personajes, que cumplieron con los requisitos y que por eso se les permitió participar tranquilamente, algo que, simplemente, se traduce a una burla social en la que ahora nada más se repartirán la culpa el partido naranja y el Instituto Electoral del Estado, pues ya lo hecho, hecho está, y ahora la Fiscalía que aplique la ley como corresponda ante estos delitos.
La manifestación de este martes afuera del Congreso solo nos deja clara una cosa, y es que más allá de lo que un alcalde pueda hacer por su municipio, está el respaldo de los habitantes que por años han vivido en la cultura de “el que no transa no avanza”, esa en la que más vale ser representados por seres poderosos e impunes que confiar en la legitimidad de las autoridades, que desde su experiencia, son más corruptas que aquel que ya sabe que sus actividades no son lícitas.
Lo peor de un grupo social es que se entienda que la criminalidad es una forma de vivir, porque entonces sí, la ilegalidad se vuelve el modus vivendi no solo de unos cuantos, sino de generaciones completas, así que normalizar y defender lo indefendible nunca será la manera correcta de hacer las cosas, sin embargo, romper paradigmas es muy complicado cuando por cultura es parte de un entorno social, más aún, cuando el sistema es omiso, impune y hasta cómplice de lo que después señalan.
