¿Se puede seguir confiando en los órganos electorales?

Más allá de lo que ocurrió con la defenestrada Guadalupe Taddei Zavala en el INE, en Puebla desde hace muchos años hay elementos para no tener la suficiente confianza en los órganos electorales que, entre otras deficiencias, no han sido garantes de un juego democrático entre partidos políticos y que se desenvuelven con total opacidad, de tal menara que siempre ha dudas del manejo presupuestal que ejercen.

Una muestra de ese comportamiento es lo siguiente: el próximo jueves formalmente arranca el proceso electoral del estado de Puebla y resulta que, desde hace un año y un mes, ya hay un abierta y descarada promoción de varios aspirantes, del PAN y Morena, que no solo buscan ganar una candidatura a un cargo de elección popular, sino sus campañas están enfocadas a triunfar en las votaciones del próximo año.

Sobre esas campañas adelantadas de proselitismo no hay un solo posicionamiento del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE).

Y queda claro que nadie está fiscalizando de dónde salen los recursos económicos para pagar brigadas de promotores, pintar cientos de bardas y repartir volantes, trípticos y periódicos tamaño tabloide, además de tener un movimiento intenso en redes sociales.

Todo ello implica inversiones millonarias y ocurre a nivel estatal, en un número importante de municipios y distritos electorales de los ámbitos local y federal.

Tal situación de entrada ya plantea una grave deficiencia en el proceso electoral que apenas va a iniciar formalmente: la contienda de 2027; desde ahora, es totalmente inequitativa, entre aquellos aspirante que disponen de enormes presupuestos, los que tienen una promoción moderada y los que no tienen dinero, más allá del financiamiento público que se otorga a los partidos políticos.

Eso sin contar que en torno a muchos de esos políticos “adelantados” se tiene la sospecha de que se estarían utilizando recursos públicos.

O más grave, no se sabe si esos financiamientos provienen de actividades criminales.

Frente a ese comportamiento de aspirantes y partidos políticos no hay ni una sola actuación del IEE. Una actitud que parece ser una combinación de ineficiencia y complicidad.

El problema de fondo que ocurre con los órganos electorales, del ámbito federal y de los estados del país, es que con el paso de los años se ha conformado una estructura profesional de funcionarios que más allá de mostrar destrezas y capacidad para organizar los comicios, han venido acumulando intereses y vicios para sacar provecho de los presupuestos públicos destinados a las contiendas por el poder político.

Son estructuras que se acomodan a los intereses del grupo político que gobierna.

Por eso, en los últimos 11 años en Puebla se ha podido ver ese vaivén en el comportamiento del IEE.

En 2015, el instituto fue presidido por Jacinto Herrera Serrallonga, que era parte del grupo político de Martha Érika Alonso Hidalgo y cuando esta mujer fue candidata del PAN a la gubernatura de Puebla, nadie en el IEE “movió un dedo” en contra de la elección fraudulenta de 2018.

Años más tarde, en el IEE se “ocultó” otro fraude, cuando siendo presidenta del organismo Blanca Yassara Cruz García, se transfirieron de manera ilegal al partido Fuerza por México (FxM) unos 27 mil votos que no ganó en las urnas. Un movimiento –ocurrido en la contienda de 2024– que convino a los intereses de Morena, por ser FxM un aliado electoral.

O qué decir sobre el Programa de Resultados Preliminares, utilizado en las elecciones de hace un par de años, el cual costó 133% más caro que el de 2018 y tuvo más fallas. Nadie supo aclarar esas diferencias de precios y eficiencia.