Puebla de las manifestaciones

Cuando las autoridades esperan a que estalle el conflicto para sentarse a negociar, las calles terminan convertidas en oficinas de atención ciudadana y miles de poblanos pagan las consecuencias.

Puebla parece haberse convertido en “la capital de las manifestaciones”. Un día son trabajadores del IMSS; otro, empleados del INE o del Poder Judicial Federal. Después aparecen transportistas de la AMOTAC, integrantes de la UPVA 28 de Octubre, paramédicos de SUMA, opositores al Cablebús, supuestos integrantes de un supuesto Partido Comunista, miembros de Pueblos Originarios, motociclistas y presuntos familiares de personas recluidas en el penal de San Miguel. También representantes de funerarias… A ellos se suman comunidades enteras que bloquean carreteras y casetas para exigir algo tan elemental como encontrar a sus desaparecidos. Más lo que se acumule en las siguientes horas y días…

Las causas –legítimas en su mayoría– son distintas. Los métodos, también. Pero todas las protestas terminan exhibiendo un problema común: la incapacidad de los canales institucionales para resolver los conflictos antes de que lleguen a las calles.

Lo ocurrido apenas el pasado martes resulta ilustrativo. Ocho puntos estratégicos de Puebla y su Zona Metropolitana fueron bloqueados por manifestantes que denunciaban presuntas extorsiones dentro del penal de San Miguel. Finalmente, el Gobierno estatal informó que, mediante el diálogo, consiguió liberar las vialidades.

Y aquí surge una pregunta inevitable: si el diálogo permitió resolver los bloqueos, ¿por qué tuvo que paralizarse media ciudad para que ese diálogo produjera resultados?

¿Acaso no es más práctico impedir que comiencen los incendios políticos a esperar a apagarlos?

¿Dónde están los operadores políticos? ¿Qué hacen las áreas de concertación social? ¿Para qué sirven las delegaciones de Gobernación si no son capaces de detectar inconformidades, identificar interlocutores y construir acuerdos antes de que los problemas estallen?

Durante años, una parte esencial de la gobernabilidad descansó en el trabajo territorial, la interlocución permanente y –sobre todo– la inteligencia política entendida como conocimiento de los conflictos sociales, no como espionaje ni persecución de inconformes. Saber quién protesta, por qué protesta, qué exige y qué autoridad puede responderle debería ser una tarea cotidiana, no una investigación improvisada cuando las avenidas ya están tomadas.

¿Quién se está anticipando a los hechos consumados?

La responsabilidad tampoco puede cargarse exclusivamente al Gobierno estatal. Hay conflictos de competencia federal, otros municipales y algunos que involucran a los tres órdenes de gobierno. Pero precisamente para eso existen las instancias de coordinación política: para evitar que las diferencias administrativas terminen convertidas en crisis de movilidad.

El gran problema, en todo caso, es que mientras las autoridades se reparten competencias, el ciudadano común paga una factura que nadie le reembolsa.

Trabajadores que pierden horas de salario. Comerciantes que ven desplomarse sus ventas. Estudiantes que no llegan a clases. Pacientes que pierden consultas médicas. Familias atrapadas durante horas en vehículos, prácticamente secuestradas por circunstancias que no provocaron y sobre las que no tienen control. Turistas que se llevan una pésima imagen y experiencia…

El derecho a manifestarse es constitucional. Pero también lo son los derechos de quienes necesitan circular, trabajar, estudiar o recibir atención médica. Defender uno no significa cancelar los otros.

Puebla no necesita más funcionarios que aparezcan cuando las calles están bloqueadas. Necesita instituciones capaces de escuchar cuando todavía están abiertas.

¿Cuántas de estas manifestaciones pudieron evitarse con una llamada telefónica, una reunión oportuna, el cumplimiento de un compromiso o simplemente haciendo el trabajo político que les corresponde?

Sí, Puebla de las manifestaciones.

Sí, la protesta de cada día.

¿De verdad aquí nos tocó vivir?