Olga Romero. ¿Quién paga el destape?
Hay una cuestión de interés público: se debe establecer si existe alguna relación entre negocios con el gobierno y apoyos a un proyecto político
A Olga Romero Garci-Crespo –también conocida como Monina Caballero– hay que preguntarle menos por sus aspiraciones y más por sus patrocinadores. Porque después de negar durante meses que buscara una candidatura, un evento presentado como celebración de una distribuidora de Zeolez Fertilizantes en Tehuacán termina por colocar en el centro a la política que pretende gobernar el municipio. Vaya manera de vender fertilizante.
La contradicción merece explicaciones. Si no había proyecto electoral, ¿qué papel desempeñaba Olga en esa convocatoria? Si lo había, corresponde transparentar quién pagó su promoción. La etiqueta empresarial no convierte automáticamente un escaparate político en una reunión comercial.
En la información al alcance de este columnista aparecen Arturo y Luis Mendoza Santiago, señalados como personas vinculadas al transporte mediante góndolas y al financiamiento del encuentro. Cuánto pusieron, mediante qué empresa y qué relación mantienen con Romero y con su esposo, Armando Zavaleta, y por qué el ímpetu de celebrar su aniversario número desconocido con una pseudopolítica, ojalá el INE o el IEE investigaran esto.
El señalamiento económico va más lejos. La versión aportada sostiene que Olga Romero habría facilitado su entrada como proveedores del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, y que ella y Zavaleta obtendrían beneficios de las ventas de Zeolez a esa administración. Son imputaciones que más adelante vendrán con contratos, adjudicaciones, razones sociales y registros de pagos.
Y aquí hay una cuestión de interés público: se debe establecer si existe alguna relación entre negocios con el gobierno y apoyos a un proyecto político. Los involucrados deben poder responder y sus explicaciones deben confrontarse con documentos.
La convocatoria de Morena también está bajo cuestionamiento, pues Olga la violó en todas sus letras. Y es que fue más que obvio el acarreo desde juntas auxiliares y el condicionamiento a personas beneficiarias de obra comunitaria para que llevaran, cada una, al menos 20 asistentes. La comida y el baile y transporte pueden llenar un espacio. Pero no acreditan respaldo espontáneo. Mucho menos justifican que una persona deba pagar un beneficio comunitario con presencia y aplausos.
A este episodio se suman señalamientos sobre el patético paso de Romero por la dirigencia de Morena: uso personal de nómina y recursos partidistas, así como participación de funcionarios municipales y estatales en su promoción, vehículos para uso personal y de su negocio, pagos a su restaurante, nombramientos de familiares y amigos en el Gobierno estatal y municipal y un abuso descomunal del cargo que tuvo.
Ese es el examen que una aspirante a gobernar Tehuacán tendría que aceptar. Explicar qué administró, qué entregó, quién financia sus actos y qué intereses acompañan su aspiración.
Porque el asunto no termina en descubrir quién pagó una fiesta. Importa conocer si existen compromisos económicos alrededor de quien pretende administrar recursos públicos.
Olga Romero quiere que Tehuacán mire el templete. Tehuacán tiene razones para pedir también las cuentas.