Morena para los morenos: sin militancia no hay registro

Diputados federales y locales, así como presidentes municipales, podrán participar sin separarse del cargo; funcionarios de los gobiernos federal y estatales deberán renunciar o solicitar licencia. En Morena, la competencia estará abierta, pero no todos jugarán bajo las mismas condiciones.

La pasada semana, Morena publicó finalmente las reglas para elegir a quienes encabezarán las “Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en los 300 distritos electorales del país.

El nombre es largo, pero la consecuencia política es sencilla: quienes obtengan estas coordinaciones quedarán colocados en la ruta de valoración rumbo a las candidaturas a diputaciones federales de 2027.

La convocatoria establece que el registro se realizó del 1 al 4 de octubre de 2026, de las 9:00 a las 18:00 horas, exclusivamente mediante la plataforma electrónica del partido.

El plazo, breve. Las reglas, estrictas. Y las diferencias entre quienes ocupan actualmente un cargo público comienzan a generar preguntas.

La primera definición parece contundente: Morena será para los morenos.

Aunque una de las bases señala que, “en caso de ser militante”, la persona aspirante deberá encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos partidistas, otro apartado exige presentar obligatoriamente la documentación que compruebe su militancia en Morena.

En otras palabras, mientras la redacción inicial parece abrir la puerta a personas no afiliadas, la lista documental vuelve materialmente imposible completar el expediente sin acreditar militancia.

Si no hay una aclaración posterior, una adenda o una configuración distinta dentro de la plataforma, quienes no sean militantes de Morena no podrán cumplir todos los requisitos del registro.

La contradicción no es menor.

Morena se ha definido históricamente como un movimiento amplio, abierto a simpatizantes, ciudadanos y perfiles provenientes de distintas expresiones políticas. Sin embargo, para esta competencia distrital, la militancia parece convertirse en la llave de entrada.

Morena para los morenos.

La segunda definición tiene que ver con los cargos públicos.

Quienes desempeñen un cargo o comisión dentro del Gobierno federal o de algún gobierno estatal, deberán haber presentado su renuncia o solicitud de licencia para separarse del puesto al momento de solicitar su registro.

La misma obligación se impone a quienes ocupen cargos o comisiones en el Poder Judicial federal o local.

Esto significa que secretarios, subsecretarios, directores generales, coordinadores, titulares de organismos y demás funcionarios de los poderes ejecutivos deberán bajarse del cargo si pretenden participar.

No bastará con expresar la intención de separarse. La convocatoria exige que la renuncia o solicitud de licencia se acredite documentalmente desde el momento del registro.

Pero la regla no será igual para todos.

La dirigencia nacional ha aclarado que las diputadas y diputados federales, las diputadas y diputados locales y las presidencias municipales podrán participar sin renunciar ni solicitar licencia.

Los senadores tampoco aparecen expresamente comprendidos dentro de los cargos incompatibles enumerados por la convocatoria, aunque sería conveniente que la Comisión Nacional de Elecciones precise su situación.

De esta manera, mientras un director general o un secretario estatal deberá abandonar temporal o definitivamente su responsabilidad para registrarse, un diputado o un presidente municipal podrá conservar su cargo, su exposición pública y la plataforma política que este representa.

Formalmente, todos competirán. Materialmente, no todos llegarán desde la misma posición.

La convocatoria intenta compensar esa desigualdad prohibiendo el uso de recursos públicos, personal, vehículos, oficinas, programas sociales, presupuestos o bienes gubernamentales para beneficiar o perjudicar a cualquier participante.

También ordena que gobernadores, integrantes de gabinetes, presidentes municipales, colaboradores de primer nivel, coordinadores parlamentarios, directivos legislativos y dirigentes partidistas mantengan estricta imparcialidad.

El problema será comprobar que esa separación realmente exista.

Porque una cosa es conservar el cargo y otra aprovecharlo para construir una ventaja territorial. La frontera entre la función pública, la exposición institucional y la promoción dentro de un proceso partidista, será uno de los puntos más delicados de esta competencia.

Las reglas también establecen un requisito de vinculación territorial.

Las personas aspirantes deberán haber nacido en la entidad federativa correspondiente al distrito o acreditar una residencia efectiva, permanente e ininterrumpida de por lo menos seis meses en este.

La redacción produce una consecuencia interesante: quien haya nacido en Puebla podría registrarse en cualquiera de los distritos federales de la entidad, aun cuando su residencia reciente se encuentre en otro lugar. Quien no haya nacido en el estado deberá acreditar los seis meses de residencia efectiva dentro del distrito por el que pretende participar.

Pero cumplir el requisito formal de nacimiento o residencia no garantiza legitimidad territorial.

La Comisión Nacional de Elecciones evaluará la trayectoria política y social, el reconocimiento dentro del distrito, el trabajo comunitario, la capacidad organizativa, los antecedentes y la identificación con los principios del movimiento.

También revisará la participación en actividades de formación política y el compromiso demostrado con las causas de la cuarta transformación.

Por eso, el registro no será solamente un trámite documental.

Cada aspirante deberá presentar credencial para votar, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, acreditación de militancia, currículum con fotografía y evidencias de su trabajo político, social y territorial.

Además, tendrá que firmar cartas de compromiso con los principios de la cuarta transformación, aceptar las reglas y resultados del proceso, admitir los ajustes de paridad y autorizar la revisión de antecedentes.

La convocatoria también excluye a quienes tengan sanciones o sentencias vigentes por violencia familiar, sexual o política contra las mujeres; corrupción; delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, o faltas administrativas graves. Tampoco podrán participar ministros de culto ni deudores alimentarios morosos que no acrediten el cumplimiento de sus obligaciones.

Después, obviamente, vendrá el filtro político, el más importante de todos.

La Comisión Nacional de Elecciones realizará una valoración integral de cada expediente. Si encuentra más de seis perfiles idóneos dentro de un distrito, podrá ordenar un sondeo preliminar para reducir la lista.

Posteriormente podrá realizar hasta dos encuestas o estudios de opinión y contar con mediciones espejo. Sin embargo, la encuesta no será obligatoria ni constituirá el único mecanismo de decisión.

La propia Comisión podrá resolver con base en la trayectoria, el reconocimiento territorial, los antecedentes, los acuerdos alcanzados y las necesidades estratégicas del partido. También conserva la facultad de incorporar perfiles durante el procedimiento.

La decisión final deberá respetar la paridad de género y se conocerá, como máximo, el 31 de diciembre de 2026.

Las reglas, pues, están sobre la mesa.

Morena quiere militantes, arraigo, trayectoria, formación política, capacidad territorial y expedientes éticamente defendibles. También quiere evitar el dispendio, la compra de apoyos, el uso de programas sociales y las campañas de confrontación interna.

Pero el primer desafío del proceso no será únicamente encontrar a los perfiles mejor posicionados.

Será explicar por qué algunos servidores públicos deberán dejar sus cargos y otros podrán conservarlos; por qué la convocatoria parece admitir a personas no afiliadas, pero al mismo tiempo exige acreditar militancia; y cómo se garantizará una competencia equitativa cuando unos aspirantes llegarán sin cargo y otros conservarán íntegramente su plataforma pública.

Morena para los morenos, sí.

Pero, por ahora, no necesariamente con las mismas reglas para todos.