El Congreso de Puebla fue testigo de un encendido discurso de la diputada local del PAN Lupita Leal, quien, al rechazar la reciente reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, evocó las palabras de Mario Vargas Llosa sobre la “dictadura perfecta”.
En su intervención, Leal afirmó que el verdadero ejemplo de una dictadura sin violencia explícita no era Cuba ni Rusia, como muchos podrían pensar, sino México, en este tiempo.
Fue en 1990, en un famoso debate organizado por Televisa, cuando Vargas Llosa calificó al régimen del PRI como una “dictadura perfecta”.
Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el PRI controlaba el país con una simulación democrática que incluía elecciones, una prensa parcialmente libre y un aparato institucional que aparentaba legitimidad.
Sin embargo, el verdadero poder residía en una estructura centralizada y manipulada por el partido, que controlaba el aparato electoral, entonces conocido como Instituto Federal Electoral (IFE), además de tener influencia directa y descarada sobre los tres Poderes de la Unión.
El PAN, en ese entonces una fuerza política minoritaria, servía como el contrapeso conservador, pero sin interés para desafiar verdaderamente el dominio priista.
Con el tiempo, ambos partidos terminaron mimetizándose en una relación de conveniencia que López Obrador describiría años más tarde como el PRIAN, sugiriendo que ambos partidos operaban de manera indistinguible compartiendo el poder.
Los jóvenes que vandalizaron el Senado y el Congreso piensan que una mayoría aplastante en los congresos es el simple resultado de una campaña que inició en el 2018.
Desconocen el pacto entre el PRI y PAN en las elecciones del 2000, cuando Francisco Labastida fue derrotado por Vicente Fox tras una contienda interna con Roberto Madrazo, haciendo eco de una era en la que los acuerdos entre partidos configuraban el destino político del país.
El avance de la reforma judicial ha traído consigo una nueva discusión sobre el equilibrio de poderes en México.
Oaxaca, el primer estado en aprobar la reforma, lo hizo de manera unánime, con 41 votos a favor, incluidos los de la oposición. Poco después, otros estados como Tamaulipas, Colima, Veracruz y Puebla siguieron su ejemplo, avanzando hacia la consolidación de un cambio estructural. Con 15 de los 17 congresos estatales necesarios para su ratificación, parece que la reforma será inevitable.
¿Y qué papel jugará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)?
El ministro Javier Laynez Potisek ha señalado que la Corte no puede intervenir directamente en la constitucionalidad de una reforma si ha sido aprobada conforme a los procedimientos establecidos en la Carta Magna.
Sin embargo, la SCJN sí puede revisar si hubo irregularidades en el proceso legislativo que puedan invalidar su validez. Según el artículo 105 de la Constitución, “la Corte puede conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre normas de carácter general y esta Constitución”.
Este escenario plantea una incógnita sobre el futuro de la oposición política en México. El PAN y el PRI, que durante décadas compartieron espacios de poder, ahora parecen atrapados en una situación de irrelevancia política.
Mientras los congresos estatales avanzan en la aprobación de la reforma, sus voces suenan débiles y fragmentadas, incapaces de frenar el avance de las propuestas del presidente López Obrador.
La dictadura perfecta de Vargas Llosa ya no es aquella simulación de democracia priista, pero el fantasma de la hegemonía política ha reaparecido.
La aprobación casi automática de la reforma judicial en los estados y la marginalización de la oposición muestran que el control político no siempre requiere de violencia o represión abierta.
Pero la oposición sigue en coma autoinducido.
Sígueme en X para conocer tus puntos de vista: @Gerardo_Herrer
[email protected] y WhatsApp 221 429 3360
