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Malditos excesos
El agudo debate generado por la riqueza (casi siempre oculta) de los políticos, funcionarios y/o servidores públicos eternamente ha sido una polémica necesaria digna de comentar.
No hay, sin temor a equivocarme, político o funcionario que no incurra en los malditos excesos -por voluntad propia o no- una vez que asume el poder y se convierte en una especie de rey imperialista.
Sin embargo, este fenómeno social no es exclusivo de la política.
En los distintos sectores de la sociedad también se dan los abusos, las exuberancias, el despilfarro, la soberbia y todo lo que tenga que ver con los cambios de personalidad que muchas veces provoca el poder.
No hay que ir muy lejos para tratar de entender de dónde surge la guerra sucia en las campañas, la denostación y la calumnia.
Y es que, precisamente, de los excesos en que incurren los servidores públicos y/o funcionarios de gobierno deriva el fenómeno de la guerra sucia.
El proceso electoral actual, en el que se juegan las 217 presidencias municipales y 41 diputaciones locales, incluido el gobierno municipal más importante del estado, el de Puebla, no es la excepción.
Lo que parecía una competencia electoral exclusiva de propuestas y de buenas formas se está convirtiendo en una guerra de poder a poder, en un choque de trenes y en una batalla de gigantes.
Los candidatos que en los hechos aspiran a la presidencia municipal de Puebla con verdaderas posibilidades de triunfo, son los únicos responsables que les echen en cara sus patrimonios.
Por supuesto que cada quien tiene lo que se merece; sin embargo, al revelar sus pertenencias -desde que se encumbraron en el poder- en los medios de comunicación, en las redes sociales y en espacios públicos, acumularon una crítica generalizada que en algún momento iba a estallar.
En el círculo rojo, sinceramente, las cantidades millonarias que poseen los políticos, creo, no asustan a nadie.
Vamos, desgraciadamente los poblanos estamos acostumbrados a que los gobernantes en turno hagan y deshagan de nuestros impuestos sin que les pidamos explicación alguna. Hoy, ni siquiera están obligados a transparentar sus gastos y sus ejercicios de gobierno, si así lo consideran.
La ley en la materia se hizo como un traje a la medida que sólo conviene a los gobernantes.
Y aunque esto no es exclusivo de ninguna administración, lo cierto es que nadie es culpable que el tema del patrimonio de los hoy candidatos a diputados y ediles se ponga en tela de juicio.
Mucho menos los comunicadores poblanos somos culpables del escarnio público generado por las riquezas millonarias de los políticos y que éstas se hayan convertido en un escándalo mediático.
Dijera el clásico: “El que no se quiera quemar, que no se meta a la cocina”.
Si tanto molesta a los priistas, panistas o del color que sea el militante, que se hable de su patrimonio, pues entonces que no incurra en excesos. Y mucho menos que los haga públicos o los presuma.
Quién no recuerda al malogrado funcionario marinista, ex secretario de Salud en el sexenio pasado, Alfredo Arango García, quien actualmente se encuentra recluido en el Penal de San Miguel, acusado de haberse robado millones y millones del erario.
Arango, cometió el gravísimo error de creer que la impunidad en la que vivía sería eterna y se equivocó.
Presumió sus viajes por el mundo, sus propiedades, su riqueza y todo lo que pudo adquirir en su etapa como funcionario del gobierno poblano y, al final, todo mundo sabe dónde terminó.
Ojalá que los políticos de hoy, los de nueva generación, entiendan que si van a meter mano a la caja fuerte que los poblanos les confiamos, lo piensen dos veces.
O al menos, no sean cínicos, no lo presuman.
En twitter: @poncharelazo
