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Garganta Profunda

Los Toscano: ¿el crimen organizado desafía al estado?

Si el crimen organizado descubre que con solo 280 mil pesos puede paralizar una capital y presionar decisiones gubernamentales, el precedente resulta peligrosísimo

Foto: Agencia Enfoque
Foto: Agencia Enfoque

Lo ocurrido el pasado 10 de noviembre en Puebla no fue una protesta cualquiera. Fue una demostración de fuerza, organización y capacidad de movilización que paralizó ocho puntos estratégicos de la capital y su Zona Metropolitana. Una ciudad prácticamente secuestrada durante horas.

Sin eufemismos, el gobernador Alejandro Armenta Mier denunció que los bloqueos fueron organizados y financiados. El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, aportó cifras inquietantes: alrededor de 700 participantes –encapuchados y algunos armados– habrían recibido 400 pesos cada uno. ¡280 mil pesos para poner de rodillas la movilidad y gobernabilidad de Puebla!

Pero lo verdaderamente grave está detrás de esa operación perfectamente orquestada.

Reportes de inteligencia policial apuntan a integrantes de Los Toscano, una organización delictiva que disputa con La Familia Michoacana el control de negocios criminales dentro y fuera del penal de San Miguel.

La hipótesis es explosiva: utilizar una protesta para modificar el equilibrio de poder entre grupos criminales.

La Fiscalía investiga y todavía no confirma la autoría de Los Toscano. Pero está obligada –por obvias razones– a documentar tal reto y castigarlo con severidad.

¿Fue una manifestación legítima infiltrada por delincuentes? ¿Una maniobra para desplazar adversarios dentro del reclusorio, donde priva el autogobierno? ¿O una advertencia al gobierno de Armenta sobre la capacidad del crimen para alterar la vida pública? ¿Un desafío?

El mensaje que deja esta operación es profundamente inquietante: una organización criminal podría utilizar las calles, la movilización pagada y el caos ciudadano como instrumentos de presión sobre las decisiones del estado.

Todo lo cual obliga a preguntar: ¿quién controla realmente el penal de San Miguel?

Porque si las disputas criminales dentro de sus muros terminan trasladándose a las principales avenidas de Puebla, el problema ya rebasó las fronteras penitenciarias.

Las denuncias de extorsión formuladas por familiares de internos también exigen una investigación independiente. No pueden quedar enterradas bajo las sospechas de infiltración criminal.

El desafío para el Gobierno poblano no consiste solamente en identificar quién pagó los bloqueos, sino en descubrir quién los ordenó, qué pretendía conseguir y qué redes de complicidad hicieron posible semejante operación.

Porque si el crimen organizado descubre que con solo 280 mil pesos puede paralizar una capital y presionar decisiones gubernamentales, el precedente resulta peligrosísimo.

Por la salud de Puebla, no se debe permitir ni tolerar que “manos negras” del crimen organizado –o del desorganizado, en su caso– pretendan imponer sus intereses mediante el miedo y el caos.

Así empezaron los estados que hoy padecen continuamente los narcobloqueos.

¿Queremos eso para Puebla?

Yo tampoco.