Un par de legisladores que parecen sufrir de demencia, o que pretenden engañar al “pueblo sabio” al que tanto alaban y pregonan, porque creen que no tiene memoria, son la diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) y el senador Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena).
En el caso de la primera, apenas ayer denunció públicamente haber sido víctima de un ataque con los artefactos caseros llamados “ponchallantas”, a la altura del municipio de San Matías Tlalancaleca, aparatos utilizados por los asaltantes para detener los vehículos de sus víctimas.
La legisladora se dirigía a la Cámara de Diputados cuando las llantas de su vehículo fueron dañadas, por lo que al verse obligada a detener la unidad pidió apoyo inmediato a la Guardia Nacional División Carreteras.
Acto seguido, marcó al número de emergencia 088. Sin embargo, tras esperar 29 minutos, el auxilio nunca llegó debido a que los agentes, asegura, le dijeron que estaban ocupados.
“La única respuesta que recibimos fue ‘estamos muy ocupados’”, acusó la diputada federal petista, a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Nora Merino lamentó, entonces, que esta situación evidencie un problema estructural en la seguridad vial del país, por lo que sentenció: “Si bien esto me pasó a mí hoy, esto sucede a quienes transitan por la autopista México-Puebla y por muchas otras carreteras del país”.
Sin embargo, lo que la diputada federal olvidó fue que ella misma, en marzo pasado, apoyó la votación en contra del dictamen que permitía que los elementos de la Guardia Nacional realizaran patrullaje en las distintas carreteras del país, particularmente la autopista México-Puebla.
Foto: Especial
En el caso del segundo, Ignacio Mier, quien se autonombró en su momento como “el legislador más cercano a AMLO”, cosa que a la postre quedó demostrado que todo era una farsa, su asunto podría ser aún más grave que el de Nora Merino, o de plano más descarado.
Porque ayer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), durante su conferencia mañanera, todo mundo recordó que Ignacio Mier, actual senador de Morena, es uno de los dos “altos mandos” de la 4T que en su momento votaron a favor del mecanismo financiero.
Así como lo lee.
Porque en 1998, Nacho, entonces diputado del PRI, votó a favor de legalizar el Fobaproa mediante la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) .
Y lo mismo hizo Miguel Ángel Navarro Quintero, actual gobernador de Nayarit por Morena, otro entonces diputado federal del PRI que también apoyó la legalización del Fobaproa.
Fue en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se creó el Fobaproa, un fondo que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública.
Y se formó como una estrategia para enfrentar posibles crisis financieras y asegurar la liquidez de los bancos en circunstancias desfavorables, por lo que solo en situaciones de emergencia se activaría el mentado Fobaproa, a fin de adquirir las deudas de las entidades y proporcionarles el capital necesario para su operación.
Así que la implementación del Fobaproa se dio hasta 1995, una vez que la crisis económica que se había anticipado en 1994, cuando Carlos Salinas dejó la Presidencia, se materializó.
Fue el entonces presidente de la república, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aplicó el Fobaproa, pues en 1994 el peso mexicano sufrió una devaluación de casi el 300% frente al dólar.
Esto ocasionó un grave aumento en la inflación y una fuerte disminución del capital en los bancos, lo que provocó la quiebra de miles de empresas y afectaciones directas en la población.
Ante la grave crisis, Ernesto Zedillo decidió activar el Fobaproa para tratar de mitigar sus efectos, por lo que esto incluyó el rescate de pagarés de capitalización, lo que significó una intervención financiera de 552 mil millones de pesos, equivalente al 15.8% del producto interno bruto (PIB).
Finalmente, esta decisión convirtió la deuda generada por el Fobaproa en deuda pública, un proceso que se formalizó en 1999.
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