La primera semana hábil del próximo período ordinario -que arrancará el 15 de septiembre-, el Congreso del estado de Puebla recibirá el paquete de iniciativas con que el titular del Ejecutivo planteará una Reforma Judicial profunda, que además con mucha probabilidad será un hito para otras entidades y, sin duda, llevará a la reflexión profunda en todo el país.
La reforma que el gobernador Miguel Barbosa Huerta será, en principio, muy amplia y contempla varios cambios a la Constitución Política de Puebla y a todas las normas secundarias relativas al Poder Judicial.
Requerirá, por tanto, en su eje de modificación constitucional, de la mayoría calificada, las dos terceras partes de los 41 diputados y diputadas, lo que requerirá de consensos a los que ya antes han llegado los coordinadores de los grupos legislativos.
Un papel muy importante en la concreción de los consensos volverá a tener el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Nadie tendrá duda de que se conseguirá su aprobación en el pleno.
No se puede pasar por alto la referencia de que esta también es una acción para seguir con el desmantelamiento del decadente sistema morenovallista, que funcionó casi como una dictadura.
Dos elementos novedosos, en contexto del sistema jurídico nacional, serán introducidos en la Reforma Judicial barbosista: el otorgamiento de muchas más y más sólidas y amplias facultades al Consejo de la Judicatura estatal, para revisar, investigar, sancionar y corregir las resoluciones de los jueces.
Casos tan graves como el de la menor violada por su padrastro en Huauchinango y la sospecha de una degradada corrupción de dos juzgadores, ejemplifica la urgencia de una medida así.
La Reforma Judicial de Miguel Barbosa permitirá, como solíamos decir los reporteros, dotar a la Judicatura de “más dientes” para endurecer y hacer más eficiente su trabajo.
Una aportación trascendental de la Reforma Judicial de Puebla será la propuesta de instaurar un verdadero y efectivo Tribunal Constitucional.
En entidades como Coahuila y Chihuahua, su efectividad bien puede llevar una larga discusión.
Un verdadero Tribunal Constitucional en su esencia y concepción misma debe funcionar como un legislador en negativo, de acuerdo con varios juristas.
Es decir que, aunque por obviedad carece de facultades para crear y promulgar leyes, en cambio tiene potestad en su revisión, interpretación y ejerce un control de constitucionalidad.
La Reforma Judicial poblana en este tema en específico aportará y posiblemente despierte un debate jurídico importante que no ha ido lo suficientemente a fondo en México.
Las normas que se modificarán con la propuesta que enviará Miguel Barbosa por supuesto son la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas que tienen que ver precisamente con el Tribunal Superior de Justicia.
No solamente para la concreción de esta reforma se requiere del Poder Legislativo que la avalará, sin duda, sino también de El Poder Judicial que la ejecutará.
El actual presidente del TSJ, el ex candidato de derecha a diputado federal suplente, Héctor Sánchez Sánchez, quien más bien tiene una carrera como litigante de barandilla y funcionario de la burocracia dorada, no ha demostrado que tenga las credenciales profesionales necesarias para un asunto de esta envergadura.
Las cosas caminan y, como dirían los románticos de izquierda, ¡la reforma va!
Colofón: La canción “Demoliendo hoteles”, del bonaerense, Carlos Alberto García (Charly García).
Versos:
Yo que nací con Videla (dictador argentino)
yo que nací sin poder
yo que luché por la libertad
y nunca la pude tener,
yo que viví entre fachistas
yo que morí en el altar
yo que crecí con los que estaban bien
pero a la noche estaba todo mal.
Hoy paso el tiempo,
demoliendo hoteles…
