“Delito que no se denuncia se repite”, frase muy ambigua que hace referencia a la obligación social que tenemos todos como ciudadanos cuando nos llega a ocurrir la ejecución de alguno.
Pero para poder denunciar, el delito debe existir, es decir, estar plenamente tipificado y dentro del marco jurídico para las sanciones que la ley establezca.
En Puebla, la Ley de Ciberseguridad recientemente aprobada, aunque creada desde el año pasado, tipifica como delito el fraude digital, la usurpación de identidad, el ciberacoso, el ciberasedio, el grooming y el espionaje digital, que mientras se propuso inicialmente, TODOS LOS GRUPOS LEGISLATIVOS del Congreso local estuvieron de acuerdo.
Sin embargo, tras su aprobación en semanas pasadas, el tema dejó de ser un beneficio social para convertirse en un tema político, descontextualizando los lineamientos para castigar este tipo de delitos, en el que grupos de “oposición” vieron una ventana de oportunidad para hacerse notar y sumar puntos a sus intereses personales.
Este es el caso de la diputada de Acción Nacional Susana Riestra, quien ha mencionado que la Ley de Ciberseguridad estaría beneficiando a los políticos que a través de redes sociales, muchas veces son denunciados o exhibidos, por lo que según la legisladora se utilizaría como mecanismo de censura para favorecer a servidores públicos.
Lo interesante de politizar el tema es que las aspiraciones políticas de Susana Riestra tienen que ver con las elecciones que se realizarán en 2027, específicamente por la alcaldía de Puebla, aunque honestamente los números no le den para competir, porque, de entrada, no hay una oposición real en Puebla y ¡vaya que hace falta!
La oposición, si es que la hay, tuvo que empezar a trabajar desde tiempo atrás para trazar metas palpables si es que pretenden por lo menos hacer ruido para las elecciones intermedias y en un futuro, rescatar posiciones, sin embargo, parece que la estrategia será denostar lo que al inicio aceptaron.
Mientras tanto, al interior del Congreso poblano continuarán las mesas de trabajo para perfeccionar la Ley de Ciberseguridad que quedará establecida antes del 15 de julio, que desde el inicio estuvo pensada para niñas, niños y adolescentes, que son el rubro más vulnerable por la facilidad y el acceso que tienen a dispositivos móviles.
