La maldita puerta giratoria en Puebla
Una detención puede convertirse en una fotografía para el archivo, un expediente en un dolor de cabeza burocrático y una explicación oficial en un ejercicio de evasión
Hay decisiones judiciales que caben en un expediente, pero cuyas consecuencias pueden terminar escribiéndose con sangre. Lo ocurrido en Tehuacán hace unos días obliga a formular una pregunta obligada, de esas que las instituciones preferirían esquivar: ¿qué falló cuando Ares Ramsés fue detenido en enero y quedó en libertad, para que nueve meses después fuera señalado por su presunta participación en el asesinato de un agente ministerial?
Ares Ramsés fue detenido el 24 de enero en Esperanza, Puebla, en posesión de armas largas, equipo táctico y radios de comunicación. Un juez de Control federal no lo vinculó a proceso y recuperó su libertad. El 26 de octubre, el agente ministerial Juan Jesús Hernández Mariscal murió durante una agresión armada en Tehuacán; Ares Ramsés fue detenido posteriormente y señalado por su probable participación en los hechos.
Nueve meses. Eso es lo que separa ambos episodios. Nueve meses para que el caso de una detención frustrada se convierta en una pregunta pública que las autoridades ya no pueden responder con boletines de condolencias ni con promesas recicladas de combatir la impunidad.
Es la tristemente célebre puerta giratoria, el lugar donde una detención puede convertirse en una fotografía para el archivo, un expediente en un dolor de cabeza burocrático y una explicación oficial en un ejercicio de evasión.
Puebla no puede permitirse tratar este caso como un incidente aislado que se resuelve con una nueva detención y una conferencia de prensa.
El asesinato de Juan Jesús Hernández Mariscal, mientras realizaba labores de investigación, representa una tragedia para su familia y para sus compañeros. También expone una realidad que exige respuestas: los agentes encargados de investigar delitos necesitan instituciones capaces de respaldar su trabajo antes, durante y después de cada operativo.
¿De qué sirve perseguir el robo de vehículos si las redes criminales pueden seguir operando? ¿De qué sirve detener a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas si las investigaciones no consiguen sostener las imputaciones? ¿De qué sirve presumir coordinación entre corporaciones si, al final, nadie explica las fallas que pudieron evitarse?
La autonomía judicial no significa ausencia de rendición de cuentas. Significa que las decisiones deben tomarse conforme a derecho, sin presiones políticas, y que las irregularidades, si existen, deben revisarse mediante los mecanismos legales correspondientes.
Lo peor es que queda claro que el Estado no aprovechó adecuadamente la oportunidad que tuvo en enero para investigar los hechos atribuidos al detenido y adoptar las medidas legalmente procedentes.
Lo verdaderamente irritante de estos episodios –cada vez más constantes– es la facilidad con la que la responsabilidad institucional parece circular sin encontrar destinatario.
Si algo sale mal, la Fiscalía puede responsabilizar a la resolución judicial; el juez puede señalar las deficiencias de la acusación; los gobiernos pueden anunciar nuevos operativos, y la burocracia puede continuar funcionando como si el problema perteneciera siempre a otra oficina.
Mientras tanto, las familias entierran a sus muertos y los ciudadanos pagan las consecuencias de un sistema que tiene la obligación de protegerlos.
Por eso, el caso de Tehuacán exige algo más que indignación. Exige que se haga pública, dentro de los límites legales, la explicación de la resolución de enero; que se revise la calidad de la investigación original; que se esclarezca si había antecedentes o riesgos que debieron considerarse; y que se determinen las responsabilidades administrativas o penales que, en su caso, correspondan.
También exige que las autoridades informen qué medidas adoptarán para evitar que las mismas deficiencias se repitan.
¿Quién va a explicar lo que pasó en enero?
La sociedad merece una respuesta que no sea otro boletín, otra promesa ni otro reparto de culpas.
Porque la justicia que solo funciona en los comunicados no es justicia para las víctimas. Es propaganda –y de las baratas– para las instituciones.
Y una puerta giratoria, por mucho que se pinte de legalidad, seguirá siendo un problema mientras nadie se haga responsable de revisar por qué gira.
Y lo más grave: por qué mata.