El año pasado se dio un duro golpe contra el derecho de las mujeres al aborto seguro en Estados Unidos. La Suprema Corte de ese país determinó que era competencia de los estados legislar a favor o en contra del aborto y anuló la histórica resolución de Roe vs. Wade, que permitía el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro en todo el territorio nacional.
Esto se convirtió en una grave amenaza contra la libertad reproductiva de las mujeres. Estados como Texas impulsaron leyes antiderechos donde se restringía el aborto voluntario hasta las seis semanas, donde se cerraron clínicas que practicaban abortos legales de forma segura, donde se acosaba a personal médico practicante para que desistiera de las prácticas, y donde incluso se propusieron iniciativas para dar pena de muerte a mujeres que abortaran en esos estados. Todas estas iniciativas tenían una característica en común, ser impulsadas por grupos fundamentalistas conformados por líderes evangélicos y cristianos.
La semana pasada los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres volvieron a estar en jaque cuando nuevamente estos grupos fundamentalistas, a través de una ONG denominada “Alianza para la Medicina Hipocrática”, quienes buscan que la religión sea pieza fundamental en la construcción de las leyes, impulsaron una demanda contra la FDA (Federal Drug Administration), retomada por un juez en Amarillo, Texas, para prohibir la venta de mifepristona, uno de los dos tipos de pastillas con los que se procuran los abortos médicos.
La mifepristona, junto con el misoprostol, son el método más común y legal para interrumpir un embarazo en Estados Unidos, y se usan en más de la mitad de todos los abortos en el país.
En 2016 Estados Unidos aprobó la mifepristona para la interrupción médica del embarazo hasta la décima semana. Estudios científicos realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Médica Estadounidense indican que la ingesta de ambas píldoras es efectiva en cerca del 95% de los casos y requiere seguimiento médico menos del 1% de las veces. La misma OMS emitió un protocolo de aborto seguro en casa con mifepristona y misoprostol durante la pandemia, ante el aumento preocupante de embarazos no deseados y abusos sexuales en el confinamiento.
La Asociación Médica Estadounidense incluso publicó en su Diario Oficial que había más muertes por toma de penicilina y las reacciones que generaba en pacientes alérgicos, que por toma de mifepristona en casos de interrupción del embarazo.
Los fundamentalistas y antiderechos se quedaron sin argumentos comprobables y científicos para debatir la determinación de la Corte de frenar la prohibición de su venta en Texas y en todo el territorio nacional, sin embargo, esta acción debe llevarnos a una profunda reflexión sobre la importancia de seguir luchando para garantizar el derecho de las mujeres a un aborto seguro.
Porque las posturas fundamentalistas y de fanáticos religiosos antiderechos siguen ganando terreno y poniendo bajo amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Estados Unidos y en todo el mundo; si bien en México se ha logrado avanzar hacia la despenalización del aborto en más entidades y la SCJN emitió tres sentencias históricas a favor del aborto legal y seguro en 2021, aún quedan 23 códigos penales por modificar.
Ojalá en México y más países hubiera posturas firmes como las del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien a través de sus redes sociales aseguró que en Canadá, el aborto legal y seguro es un derecho y que jamás se le dirá a una mujer qué hacer con su cuerpo, porque decidir o no ser madre, es solo su decisión.
La lucha por el aborto legal sigue cruzando fronteras, mientras tanto, solo nos queda seguir exigiendo aborto legal en Puebla, México y el mundo.
