A pesar de ser una empresa que, como han demostrado las autoridades, contamina el Río Atoyac, pues tiene una planta de tratamiento inservible y vierte constantemente residuos tóxicos al afluente de Puebla capital, la factoría textil de toallas “La Heredera” obtuvo un salvoconducto de impunidad -no hay otra forma de calificarlo-, para continuar impunemente con la polución que afecta la salud de poblanos y poblanas.
No es la primera vez que ocurre, pues la empresa -propiedad de José González Cobián– es reincidente, sin poner una solución a este gravísimo problema.
En lugar de ello, sus abogados, actualmente encabezados por Florencio Madariaga -litigante de larguísimo y negro historial-, recurren a la amenaza contra el Estado.
El interés colectivo, que debiera ser sagrado y protegido, careció de importancia para la Sala Cuarta Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que le otorgó un amparo contra la clausura que, velando por los intereses de Puebla y con argumentos jurídicos, realizó el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), en julio de 2022, la tercera en los últimos seis años.
La historia del ecocidio de la factoría de toallas, que adeuda además una sanción económica de 4.5 millones de pesos, por sus excedentes contaminantes, es de terror. Es brutal.
La historia tóxica
Después de operar por años, “La Heredera” ha vertido sustancias contaminantes a los drenajes públicos, sin ningún control.
Tiene una planta de tratamiento que no opera, es inservible, y encima carece de las autorizaciones de impacto ambiental, que deben ser otorgadas a nivel local por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del estado de Puebla.
Para funcionar, la empresa debería contar con los permisos de descarga que exige la Ley del Agua para el Estado de Puebla. Pero no es así.
La Heredera no tiene el permiso vigente para descargar contaminantes en sus aguas residuales a los drenajes públicos.
Esto genera problemas de salud pública y daño al medio ambiente, por los altos índices de toxicidad que provocan las mezclas químicas de los productos que utiliza, para el acabado de sus productos textiles.
Está historia de corrupción fue descrita por el periodista y ambientalista Sergio Mastretta -extraordinario en sus tiempos de radio-, en su espacio web “Mundo Nuestro”, los días 27 de julio de 2022 y 3 de septiembre de 2022. Es imperdible su denuncia.
También el periodista Héctor Rodrigo Ortiz, titular de Imagen Radio Puebla, en su cuenta de Twitter ya antes había señalado las tropelías de “La Heredera”, con una referencia a una clausura anterior, de marzo de 2016 (entre otras).
Soapap, el 26 de julio del 2022, realizó un acto de autoridad, legal y legítimo, y clausuró la toallera.
Esa medida cautelar fue de “emergencia”, para salvaguardar el interés público. Sí, la salud y la vida de los poblanos y poblanas.
Pero con hambre de impunidad y más polución, esta empresa, en vez de regularizar la operación y permisos de su planta de tratamiento, como deben hacer y hacen los grandes empresarios de este país, se fue a la vía de la búsqueda de chicana judicial: presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
De sobra está citar la sobrada sospecha de impunidad de este órgano.
La demanda se radicó en el expediente respectivo. Entonces, con el nivel de sospecha con que opera el Tribunal Administrativo -como se le conoce para acortar-, que debiera propiciar la justicia en Puebla, la Cuarta Sala Unitaria concedió una “medida cautelar restitutoria”, para que “La Heredera” pueda seguir contaminando.
Sí, así, seguir con la polución contra el interés colectivo, la salud y hasta la vida de los poblanos y poblanas.
Inverosímil, pero ocurrió.
El órgano jurisdiccional pasó, así, por alto que ninguna empresa tiene derecho a contaminar, descargando sustancias tóxicas que afectan la salud pública y dañan el medio ambiente.
Es más, la ley que regula el procedimiento administrativo declara improcedente este tipo de “medidas restitutorias”, cuando se ve afectado el interés público.
Es evidente que la actuación de este tribunal contencioso es cuestionable, pues esta empresa, se ha comprobado, descarga altos niveles de residuos tóxicos.
La toallera está ubicada en el Parque Industrial Puebla 2000, frente al Estadio Cuauhtémoc, en donde ya anteriormente se han detectado descargas contaminantes de otras factorías.
“La Heredera” es una empresa que provee toallas a las principales cadenas de supermercados, a quienes no les ha importado tampoco el daño ambiental que genera.
En otros países, son las mismas cadenas transnacionales las que vetan las mercancías que son producidas a partir de actividades contaminantes.
Este es un ejemplo muy claro del porqué es urgente la Reforma Judicial, que será el antídoto a este tipo de excesos.
Es imprescindible que, a la brevedad y con urgencia, Protección Civil y Medio Ambiente estatales vuelvan a inspeccionar esta empresa. Con seguridad ocurrirá.
Está historia continuará…
