La BUAP suspende la consulta para la reforma al sistema de pensiones

La BUAP tenía todo listo para que el 28 de octubre unos 4 mil 100 trabajadores votaran una reforma a su sistema de pensiones y jubilaciones. Los cambios, según se ha informado, fijarían un tope salarial para calcular las nuevas jubilaciones y subirían de forma gradual las aportaciones hasta 15%. Cinco días antes, la universidad anunció que la consulta se pospondría.

El motivo oficial: ampliar la participación a toda la planta académica activa y no solo a los afiliados a la ASPABUAP, por petición de la propia dirigencia sindical. Es un argumento razonable.

Ese mismo día llegó otro anuncio: un paquete de mejoras para los profesores hora clase, que son, según la propia rectora, el 70% de la planta, con un aumento de 10% al tabulador y la ratificación de su bono. Todavía no lo aprueba el Consejo Universitario.

¿Es casualidad que la pausa y el premio lleguen juntos?

El lunes pasado 26 docentes y jubilados protestaron contra lo que consideran un recorte a sus pensiones. La universidad respondió que “se ha suspendido todo el proceso” y creó una Comisión Institucional, integrada por consejeros y directivos, para escuchar a los trabajadores. Esa comisión organizará mesas de trabajo para informar sobre la situación financiera de la universidad en pensiones, jubilaciones y seguridad médica.

Sería injusto decir que la BUAP inventó un problema. Los sistemas de pensiones de las universidades públicas son una carga real, y posponer la discusión no la hace desaparecer. Quien defiende la reforma tiene un punto: sin ajustes, la factura la pagan los trabajadores de mañana.

Los afectados esperan que la BUAP publique cuánto tiene el fondo, cuántos jubilados cobran, qué dicen sus valuaciones actuariales y qué pasaría con cada escenario. Y que lo haga antes de volver a convocar.

Porque suspender no es cancelar. Hasta donde se sabe, la reforma sigue en pie. Lo que se detuvo fue la votación.