Juicio electorero
Fueron muchas las amenazas, las promesas y las palabras que se dijeron sobre solicitar un juicio político en contra del ex gobernador, Mario Marín Torres, por los abusos, corrupción, tráfico de influencias y todo el entramado legaloide, emprendido por su administración que puso a la periodista, Lydia Cacho, tras las rejas injustamente.
En aquel momento, la ignorancia supina del mandatario y sus asesores, así como la voluntad de sus patrocinadores, vamos de sus “héroes”, chingao, como “el rey de la mezclilla”, Kamel Nacif Borge, ignoraron a quién habían encarcelado y a quién le habían violado sus derechos.
Marín y su soberbia nunca imaginaron que el agravio cometido a la también escritora y autora del libro “Los demonios del edén”, sería el acabose de su ambiciosa carrera política.
Y hagamos un poco de memoria: El escándalo, denominado “Lydiagate”, estalló cuando Kamel Nacif interpuso una denuncia en contra de Lydia Cacho por los delitos de difamación y calumnias.
La denuncia la interpuso en Puebla, donde las autoridades ignoraron todo proceso legal en tiempo, forma y fondo por órdenes superiores, de acuerdo a las propias palabras del gobernador, Marín, como se escucha en la famosa conversación telefónica con Kamel.
La mediación, notificación y el posible acuerdo, el entonces gobierno del estado se los pasó por el arco del triunfo.
Muchos fueron los implicados en la ejecución de la orden de aprehensión de Lydia Cacho, a quien detuvieron en Cancún y trasladaron a Puebla mediante un proceso por demás denigrante, burdo y abusivo.
Todo esto, por supuesto, generó un escándalo del tamaño del mundo.
Funcionarios públicos, políticos, periodistas, escritores, empresarios, ciudadanos de todos los sectores de la sociedad y organismos defensores de los derechos humanos –nacionales e internacionales- se indignaron y quejaron abiertamente.
La elección federal presidencial de 2006 estaba en puerta y los distintos candidatos también le entraron al tema, el cual se politizó y se hizo un asunto electorero.
El hoy presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, como candidato al cargo que hoy ostenta, visitó Puebla, la sede del Congreso local y aseguró que en caso de ganar las llaves de Los Pinos llevaría a juicio político a Mario Marín por el abuso en contra de Lydia Cacho.
Lo mismo sucedió con diversos organismos ciudadanos, los cuales amagaron con interponer su queja ante la entonces LVI Legislatura local para exigir el castigo administrativo y más severo para Marín.
Sin embargo, todo quedó en eso, en un amague, en una amenaza que se diluyó con el tiempo. Incluido el ultimátum del hoy presidente, Calderón.
Y así los días trascurrieron, Lydia Cacho, quedó libre, el complot de Mario Marín y Kamel Nacif, impune y todo siguió igual. El PRI nacional negó la cabeza del gobernador poblano al federal; la negoció.
Posteriormente, el tema del “góber precioso”, de Marín, igual que muchos otros, se convirtió en un tema electorero, en una raja política que se explota cada que se acerca una elección, cada que se requiere y/o hace falta.
Y se preguntará, usted, amigo lector, ¿por qué abordar el tema?
Muy fácil, lo anterior lo recuerdo debido a que hoy el movimiento denominado “#YoSoy132” pretende revivir aquella petición de juicio político contra Marín y, creo, podría manchar la pureza de su nacimiento.
Y es que pareciera que intenta asestar un golpe más a la avanzada priista, a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y al resto de los abanderados tricolores en Puebla.
El tema suena interesante y ojalá se cristalice por donde más convenga.
Y es que podría derivar en una posible detención de Mario Marín, a quien, se dice, podría hasta encarcelarse. Empero, también podría ser perjudicial para los promotores si no se hace efectivo.
Ojalá, insisto, la amenaza no quede en un escándalo mediático, ni en una declaración más que sólo pretende favorecer los intereses políticos, partidistas o electorales de alguien.
El #YoSoy132 debe legitimarse y sacudirse, si desea credibilidad, de las simpatías partidistas y/o electorales.
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