Inundaciones y abuso de poder (primera parte)

Es una lástima que por la ambición de unos cuantos, por el interés de familias poderosas, de empresarios potentados, de ex funcionarios públicos abusivos, de grupos que estuvieron en el servicio público sólo para saciar su bestial apetito de poder, el fin de semana pasado se haya perdido la vida de una persona a causa de la inundación provocada por la tromba que recién azotó la ciudad. 

Y se preguntará, usted, qué relación tiene el fenómeno natural con la codicia a la que hago referencia. 

Esto es muy fácil de entender. Hagamos memoria.

Antes, Avenida Nacional y Boulevard Margaritas, toda esa zona de la ciudad, era una represa en la que siempre han desembocado el Río Chinguiñoso y la Laguna de San Baltazar. Ambos caudales van a parar a las negras y pestilentes aguas del Río Atoyac.

Esto, por supuesto, que no es nada nuevo, ya que las autoridades municipales, estatales y federales, así como el SOAPAP, la CNA y el resto de los encargados de preservar y cuidar el medio ambiente en Puebla, siempre lo han sabido. 

El desarrollo y crecimiento de la ciudad obligaron a los gobiernos pasados a cubrir aquella gran represa para construir vialidades sin las precauciones necesarias y sin los mínimos estudios de ingeniería hidráulica para evitar lo que hoy está sucediendo: Las graves inundaciones.

Gobiernos federales, estatales y municipales pasaron por Puebla y el problema de aquella zona nunca fue resuelto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? 

No es la primera, ni la última vez, seguramente, que se registra una inundación en aquel lugar de la capital poblana. Sólo que hoy, los gobiernos vigentes son los que pagan los platos rotos y nada tienen qué ver con esto. 

Nunca nadie, insisto, hizo nada para resolver el problema, ni el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, hoy senador; ni el de Melquiades Morales Flores, ni el de Mario Marín Torres, en el caso de los gobernadores poblanos de los últimos tiempos; ni mucho menos los presidentes municipales, como Luis Paredes Moctezuma, Enrique Dóger Guerrero, actual diputado federal, y Blanca Alcalá Ruiz, hoy senadora por el PRI.

Todos, como dijera el clásico, se hicieron ojo de hormiga para resolver el problemón de aquel tramo de la ciudad que se ha convertido en una trampa de muerte para quienes lo habitan.

En la zona, las vialidades se abrieron, sí; las calles se construyeron, también, y hasta un espacio de entretenimiento familiar se edificó en el lugar para tapar el verdadero problema. Empero, nunca, nadie, actuó a fondo.

Sin embargo, una vez cubierta de tierra la represa del Chinguiñoso, ya edificado un espacio deportivo y protegida un área boscosa federal, no faltó el abusivo que intentó apropiarse el terreno utilizando todas las artimañas legaloides para presentarse como el supuesto propietario de una zona que resultó ser federal.

El espacio que le mencionó se ubica justo en la 11 Sur y Avenida Margaritas, donde antiguamente se encontraba la compuerta de la represa del Chinguiñoso. Espacio que permitía dar paso al agua de lluvia para desembocarla en el Atoyac y evitar inundaciones. 

En ese lugar, intentaron, desde hace más de tres años, construir un espacio de vivienda social, primero; una plaza comercial, después, y un centro comercial como última posibilidad.

Por supuesto, nunca se logró ninguno de los proyectos debido a que los supuestos empresarios, sus abogados, sus negociadores, sus operadores y todos sus cómplices, no pudieron acreditar legalmente la propiedad como suya.

Se utilizó toda la influencia, el dinero y el poder para tratar de hacerse de la represa -zona federal- que taponearon para edificar su proyecto empresarial.

Los abusivos empresarios un día cercaron el lugar, introdujeron maquinaria de construcción y empezaron a tirar árboles, a bloquear el cause del río y a hacer su santa voluntad en un terreno federal que se agandallaron con el amparo del gobierno marinista.

La historia no tiene desperdicio alguno y aquí la documenté, puntualmente, a detalle. Entonces, nadie hizo caso y las consecuencias ya empezaron a salir a flote. Llevamos un muerto y quién sabe cuántos posibles más.

Así que por la gravedad del asunto, en las próximas ediciones de Posdata vamos a informar sobre el caso a fin de alertar a las autoridades federales, estatales y municipales para que tomen cartas en el asunto.

Sobre todo, porque en el caso están metidos, como me lo dijeron mis abogados cuando estuvimos investigando a fondo el caso, peces muy gordos de la talla de la familia Pacheco Pulido y uno que otro marinista arrepentido.