Inundaciones y abuso de poder (cuarta y última parte)

Hasta que por fin alguien se atrevió a entrarle de lleno al tema de los abusos de poder por parte de empresarios o pseudoempresarios, quienes tenían por costumbre hacer su santa voluntad en Puebla, gracias a la benevolencia y complicidad de los gobiernos en turno, y arrebatar -por la fuerza- lo que no es suyo.

Todo esto, gracias al tráfico de influencias que se acostumbra en el gobierno de Puebla para lograr hacer dinero fácil a costa del patrimonio de los poblanos. Y gracias a la complicidad entre empresarios y autoridades de los distintos niveles.

Afortunadamente, la regidora, Verónica Mastretta Guzmán, presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en el ayuntamiento capitalino, quien conoce parte de la historia sobre la posesión del predio boscoso, denominado Rancho o Finca Rústica de San Vicente Ferrer o El Gallinero, ubicado en la 11 Sur y la Avenida Margaritas, y de las inundaciones en la colonia Mayorazgo, abordó el tema y lanzó una advertencia contundente. 

“Ningún particular se puede apropiar de una zona federal”, señaló, Mastretta, en alusión a la barranca del Río Chinguiñoso, caudal que desbordó el fin de semana pasado, provocando afectaciones a 100 familias asentadas sobre la Avenida Nacional y Boulevard Margaritas, así como la muerte de una persona de la tercera edad.

Sin embargo, la regidora, fue más allá y responsabilizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como la culpable del desbordamiento del Chinguiñoso, debido a que permitió que una persona ajena a este lugar se apoderara ilegalmente del terreno y rellenara el desagüe. 

Sostuvo que es imposible que haya un dueño de un terreno que es propiedad federal, caso del espacio ubicado en la 11 Sur y Margaritas.

Asimismo, lamentó que desde hace al menos tres años se haya terminado de bloquear el cauce del río, por lo que no descartó que administraciones municipales y estatales pasadas otorgaran permisos para que se realizara esta acción que ya provocó una muerte.

La regidora, Verónica Mastretta, sugirió que el ayuntamiento de Puebla, a través de Sindicatura y de Obra Pública, inicie un procedimiento administrativo contra los responsables del taponamiento del río, esto con el propósito de ayudar a los afectados. 

En ese sentido, hay que destacar que no existe otro responsable del caso que el hijo de Guillermo Pacheco Pulido, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Guillermo Pacheco Pensado, quien quiso apropiarse del terreno de forma ilegal.

Sus operadores y prestanombres, lamentablemente para él, hicieron un marranero del caso, toda vez que dejaron muchos cabos sueltos que, al final, delataron su intentona de apoderarse de un lugar -propiedad federal- que nunca sería suyo.

Habrá que recordar que los tiradores de Pacheco Pensado en el caso, fueron Mariano Hannan Traslosheros, Rodolfo Manuel Romero Velasco y Antonio Fernández Soto, hermano del ex presidente del Consejo de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto.

Sin embargo, esta historia arrastra a muchos otros personajes que le facilitaron las cosas al supuesto grupo empresarial de los Pacheco, tales como el ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Mariano Collado Violante, quien hizo caso omiso a los reclamos de los colonos afectados con el taponamiento y posesión del Río Chinguiñoso.

Lo mismo sucedió con los ex ediles, Enrique Dóger Guerrero (PRI) y Luis Paredes Moctezuma (PAN), quienes se hicieron ojo de hormiga en el asunto. Simple y sencillamente dejaron que pasara porque se trataba de “gente muy poderosa”. 

Empero, la Conagua -antes CNA- omitió explicar cómo fue que cedió a un particular un espacio federal por el que desemboca el Río Chinguiñoso y la Laguna de San Baltazar. 

Por supuesto, la negativa de Mariano Collado para hablar y actuar en el tema fue grave y está demostrada en tres solicitudes -sin contestación- que el ayuntamiento capitalino, a través de la Secretaría de Bienes Patrimoniales y Departamento de Tenencia de la Tierra, giró a la Conagua para saber si tenía facultades sobre el terreno de la discordia.

De manera irresponsable, Collado Violante, evitó responder las tres peticiones marcadas y fechadas desde 2006 con los números de oficio SG/DBP/156/06, SG/DBP/342/06 y SG/DBP/822/06. 

Y es que aprovechando todas estas omisiones, Mariano Hannan, Rodolfo Manuel Romero y Antonio Fernández, hicieron creer que todos sus documentos sobre la supuesta posesión del terreno, eran legales; ni el SOAPAP, ni Conagua, ni el propio ayuntamiento actuaron al respecto, más bien, le facilitaron las cosas a Guillermo Pacheco.

¿O cómo es que pudo, Pacheco Pensado, adquirir un predio federal por el que atravesaba el cauce de un río y una laguna?

¿Cómo pudo hacerse de documentos falsos que acreditaban su supuesta propiedad?

¿Cómo logró cercar y hacer su santa voluntad en el lugar, a pesar de todos los riesgos que esto implicaba?

¿Por qué las autoridades en turno no advirtieron de los riesgos que se corrían al tapar el cauce del río? 

¿Por qué hubo tanta negligencia y complicidad en el caso?

¿Por qué tuvo que morir una persona para que las autoridades tomaran cartas en el asunto?

Por cierto, si el ayuntamiento de Puebla y el resto de las autoridades, estatales y federales, desean que su servidor documente el caso para acreditar y deslindar responsabilidades, los documentos correspondientes están a su disposición.