Instituto Angelopolitano, otro caso de despojo

Ya son varios los despojos inmobiliarios en Puebla en los que el Poder Judicial frena la acción de la justicia y con ello, se favorece a los autores de dichos saqueos. Tal es el caso del Instituto Angelopolitano, ubicado en el Centro Histórico de la capital, en donde se denunció una apropiación ilegal de dicho colegio, además de ocho delitos más, y resulta que ya pasaron tres jueces en materia civil que no han podido ejecutar la orden de restitución del plantel a los propietarios de este centro educativo.

Una situación que, una vez más, plantea que en Puebla el llamado “Cartel del Despojo”, parece estar más vivo que nunca.

El Instituto Angelopolitano se ubica en la 5 sur 1103, en pleno corazón del Centro Histórico de Puebla. No es un colegio menor, actualmente tiene una comunidad estudiantil de más de 800 alumnos que cursan desde el nivel de preescolar hasta secundaria y bachillerato.

La historia del conflicto inició en 2004 cuando se creó la Asociación Civil Instituto Angelopolitano, formada por cinco miembros, mediante la cual compraron el colegio en cuestión y se nombró como administrador del centro educativo a Luis Raúl Guerrero Flores, quien es pariente de cuatro de los integrantes de dicha agrupación.

De acuerdo a la denuncia, contenida en el expediente 715/2026, con el paso de los años se fueron detectando una serie de supuesto abusos y omisiones graves de Luis Raúl Guerrero, lo cual derivó que meses atrás se hiciera una exhaustiva revisión y se acabó descubriendo un desastre monumental.

A lo largo de la última década, según la denuncia, el administrador dejó de rendir cuentas a los miembros de la asociación civil.

También se descubrió que el Instituto Angelopolitano tiene adeudos fiscales y del pago del impuesto predial. No se han cubierto las cuotas de la seguridad social de los trabajadores, entre ellos el personal docente, además de arrastrar pagos atrasados del servicio de agua potable.

Por esa razón los miembros de la asociación procedieron a denunciar a Luis Raúl Guerrero Flores por los delitos de administración fraudulenta y despojo, además de abuso de confianza y robo.

Y, por ende, se planteó su cese como administrador y su expulsión de la escuela.

Un asunto que parecería no ser tan complicado, si se parte de la idea de que los miembros de esa agrupación son los únicos que tienen autoridad para proceder de esa manera.

Las cosas empezaron a oler mal desde abril pasado, en que se presentaron seis denuncias contra Raúl Flores y otras dos mujeres, por los delitos antes mencionados, más lesiones y desacato a la autoridad judicial. Resulta que ninguna de esas carpetas de investigación han avanzado en la Fiscalía General del Estado.

Más grave es lo que ha ocurrido en el Poder Judicial, en donde se acreditó que los miembros de la Asociación Civil Instituto Angelopolitano, formada por José Rodolfo de la Rosa Madrid, María Elena Guerrero Flores, así como Karen Madahi, Pamela y María José de la Rosa Guerrero, desconocían a Luis Raúl Guerrero Flores como administrador de la escuela.

Frente a esa demanda, en el Poder Judicial se dio la orden de restituir el colegio a los miembros de la asociación. Es cuando surgen dos hechos claves en este conflicto.

El primero es que Raúl Guerrero Flores intentó ampararse, mediante el juicio 708/2026. El juzgado de distrito que llevó el caso le negó ese recurso al advertir que nunca pudo demostrar ser parte de la Asociación Civil Instituto Angelopolitano. Además, estableció que ya no tiene facultades legales para representar al colegio ante las autoridades educativas del estado de Puebla.

El segundo hecho es muy grave, pues al haber la negativa del amparo, ya no habría obstáculo para que el Poder Judicial de Puebla procediera a restituir el Instituto Angelopolitano a sus dueños y a expulsar del mismo a Raúl Guerrero Flores, en caso de negarse a acatar tal determinación.

De manera sospechosa, el juez Cuarto de la Civil pidió que se le “excusara” para seguir conociendo de este asunto.

Entonces el expediente pasó al Tribunal Quinto de lo Civil y ahí el juez responsable, dijo que estaba “inhibido” para ejecutar la orden de desalojo.

Tales comportamientos han despertado la sospecha de los demandantes de que habría una protección, “desde lo más alto” del Poder Judicial, a favor de quienes se niegan a entregar el instituto.

“Ya no hagan olas”

Esa suspicacia se refuerza con lo siguiente:

Resulta que el pasado 29 de septiembre, Rogelio Pérez Sánchez en su calidad de titular del Juzgado Primero en materia Civil, emitió la orden de desalojo.

Incluso pidió la participación de agentes de Seguridad Pública y autorizó que, si es necesario, se rompieran chapas, cerraduras o cualquier otro objeto, con el propósito de expulsar a Luis Raúl Guerrero y darle posesión a Karen Madahi de la Rosa Guerrero como nueva titular del Instituto Angelopolitano.

En el día y la hora programados para llevar a cabo la diligencia, afuera del Instituto Angelopolitano aparecieron supuestos padres de familia y alumnos que fungieron como “escudo humano” para que nadie pudiera entrar a las instalaciones.

En particular, se hizo presente una mujer que argumenta que se está violentando a los niños y adolescentes que ahí toman clases. Y, en todo momento, se dirige con un lenguaje agresivo contra una de las integrantes de la Asociación Civil Instituto Angelopolitano. Por esa razón no se ejecutó el mandato judicial.

Ante esa situación, los demandantes le pidieron al juzgado que se reprograme la diligencia en un día en que no haya actividades escolares, para evitar que alumnos o tutores argumenten sentirse agredidos.

Hace unos días, el juzgado desechó esa petición.

Una versión extraoficial apunta a que alguien de la más alta esfera del Consejo de la Judicatura habría dado la orden de “dejen de hacer olas” con este asunto.

Tal como ha ocurrido con otros casos de despojos ocurridos en Puebla.