La terrible explosión de San Pablo Xochimehuacán que ha arrojado ya cinco muertes y decenas de lesionados puso sobre la mesa el latente riesgo en que viven miles de familias.
Es cierto que hay centenares de asentamientos irregulares a la ribera de los ríos, bajo cables de alta tensión y sobre ductos de Pemex.
Es un hecho que la presencia de viviendas, primero en casas de cartón y luego de tabique, obedecen a la necesidad de la gente, pero también al abuso, a la irresponsabilidad y al gandallismo de líderes que les “consiguen” esos lugares.
Claro que no fue su culpa el estallido de la toma clandestina pero el hecho es demoledor: nadie debería vivir en la zona cero, porque es ilegal. Así de fácil.
También es cierto y desgarrador el hecho de lo que han vivido los habitantes de esa zona, como lo ha sido para quienes perdieron sus casas con inundaciones tras desbordarse los ríos.
Pero también en ese caso, esas casas no debieron estar ahí.
La normatividad federal es muy clara, al establecer la distancia que debe haber en estos espacios de riesgo, pero quienes desarrollan las viviendas se lo pasan por el arco del triunfo.
Así que quienes sufren hoy porque no tienen donde vivir son doblemente víctimas. No las vamos a revictimizar en este espacio, pero sí podemos señalar que el ofrecimiento del gobierno del estado de una vivienda digna y segura en predios -de 108 metros cuadrados con todos los servicios de urbanización cuyo valor catastral es de 173 mil pesos- ya los quisieran quienes viven en los camellones de la Ciudad de México que no han podido ser reubicados desde el sismo de 2017.
Hoy más que nunca valdría la pena poner e asunto en la mesa de la discusión social y mediática de cómo:
1. Frenar los nuevos asentamientos.
2. Erradicar los actuales.
Muchas gracias.
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