Dicen los que saben que quien se hace de la vista gorda es el líder sindical del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez.
Quien enfrenta una demanda laboral por despido injustificado, presentada en la Junta Especial número 3, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con fecha del 29 de enero de 2019 con el número D-3-28-2029.
Y la presentó el excomunicador Rubén Díaz Avelino, quien trabajó entre 2017 y 2018 para el Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla (Suethapipopd).
Aquí le cuento la historia.
Dicen los que saben que el líder sindical Gonzalo Juárez fue declarado “confeso ficto” al dejar de atender o presentarse a las audiencias de desahogo de pruebas.
Luego de cuatro años y medio, el denunciante interpuso, en abril de 2023, el amparo 738 ante el Juzgado Quinto Federal, mediante el cual solicita sea emitida la sentencia relativa a la demanda.
Por lo que obtiene el laudo a su favor, y con el amparo federal se requiere a Juárez Méndez pagar la suma de la sentencia, la cual es de muchos cientos de miles de pesos.
Sin embargo, a pesar de esta declaración, el dirigente sindical se ha negado a cumplir con la sentencia.
La ironía es evidente.
Gonzalo Juárez Méndez, quien como líder sindical debería ser el primero en defender los derechos laborales, se ha convertido en todo lo contrario.
Su negativa a pagar lo que legalmente debe, no solo expone una falta de ética profesional.
Sino que también pone en duda cómo será visto por el nuevo presidente municipal electo, Pepe Chedraui.
El caso de Rubén Díaz Avelino no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores ante las maniobras legaloides de los poderosos.
A la fecha, van prácticamente seis años en que le han violentado en forma flagrante su derecho de acceso a la justicia.
Por lo que este caso debe servir como una llamada de atención para que los derechos de los trabajadores sean garantizados sin demora.
Por lo mientras, la deuda de Juárez Méndez sigue creciendo y, con ella, su responsabilidad ante la justicia y la opinión pública. ¿O no?
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