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Contrastes
Falla control de daños del gobierno
Los momentos políticos y jurídicos no siempre van a la par.
Así que es necesario hacer una pausa para hacer un análisis de la situación política y legal en la que se encuentran los temas más relevantes de la entidad.
En primer caso hay que señalar a los tres líderes sociales detenidos por oponerse al proyecto del Gasoducto Morelos y la orden de aprehensión que existe en Tlaxcala contra el académico de la BUAP, Ricardo Pérez Avilés.
En este caso el manejo de la represión social ha podido más que los argumentos legales de las autoridades poblanas.
La intervención de la ONU, el activismo de la diputada, Roxana Luna, la participación de académicos y estudiantes de la BUAP en apoyo a Pérez Avilés y el trabajo de agrupaciones sociales inclinó la balanza a su favor.
La CFE mandó un comunicado para tratar de explicar los avances del proyecto y las garantías de los propietarios de los predios, aunado a las acciones de la PGR contra los opositores y el silencio de los organismos nacional y estatal de los derechos humanos, pero todo es insuficiente.
La percepción social es que se trata de un acto de represión del gobernador contra líderes campesinos y académicos.
El proyecto es federal.
Pero el problema social recayó en el mandatario poblano.
Algo muy distinto ocurre en el caso de Israel Pacheco Velázquez.
El manejo político y legal de la caída y encarcelamiento del dirigente es todo un éxito.
Israel Pacheco ya dejó de ser el líder sindical.
Está preso y ya perdió el control del Organismo Operador del Servicio de Limpia.
Y está en camino de perder la totalidad del control del Sindicato “Benito Juárez”.
Y lo más brillante es que a alguien del morenovallismo se le ocurrió de paso embarrar a uno de los aspirantes del PRI a la gubernatura.
Así es.
Enrique Doger es arrastrado irremediablemente a la caída de Israel Pacheco.
Ya se hizo público que jamás apoyó de forma real a Enrique Agüera.
Eso siempre se sospechó y se sintió en la campaña.
Sólo que hoy con su otrora aliado preso han salido a la luz pública algunas pistas para armar ese rompecabezas.
Una vez más Enrique Doger es señalado como un desleal a su partido.
Un tercer tema que no se puede perder de vista es el tema de los verificentros.
Los dueños alegan arbitrariedades en la clausura.
Las autoridades apuntan actos de corrupción para justificar sus actos.
Los amparos de los dueños de los verificentros no han prosperado.
Y ante el malestar social por el cierre de algunos verificentros las autoridades respondieron con una ampliación de 15 días.
Ese tema sigue sin inclinarse a favor de nadie.
Tiene tintes de una arbitrariedad de las autoridades por todos los documentos que se han filtrado.
Pero mientras no se reviertan las clausuras en los juzgados federales la balanza seguirá a favor del mandatario.
El cuarto, y último ejemplo, es el tema de las fotomultas.
Según el despacho que interpuso amparos es víctima de una extraña auditoría ordenada por el Gobierno del Estado.
Otra vez se percibe un acto de persecución contra un grupo de abogados.
Aunque en la práctica no han ganado ningún amparo.
Por eso le decía al principio de la columna que los tiempos políticos y legales no van a la par.
Algo falla en el gobierno que no ha tenido un adecuado control de daños.
Por ahora, la percepción social no favorece al mandatario, aunque legalmente tenga la razón.
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@gomezcarlos79
