La reciente aparición de mantas colgadas en los puentes de San Martín Texmelucan, exigiendo que las autoridades federales y estatales, tanto salientes como entrantes, tomen cartas en el asunto sobre las extorsiones perpetradas por los propios cuerpos de seguridad municipal, deja entrever un trasfondo político inquietante.
Así lo dejó claro el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, quien detalló que el tema fue abordado en conversaciones con el secretario de Seguridad Pública y la alcaldesa de aquel municipio, Norma Layón Aarun, en busca de resolver el conflicto de una vez por todas.
Es cierto, nadie se atreve a defender a los cuerpos de Seguridad, mucho menos a los de Vialidad en cualquier municipio. Pero es San Martín Texmelucan el que parece llevar la delantera en denuncias de corrupción entre sus agentes, por delante incluso de municipios como Puebla, Tehuacán y las Cholulas. Tal vez el tamaño de su población explique el aumento en los casos, pero es innegable que algo huele mal en esa corporación.
Imposible olvidar el episodio protagonizado por la propia presidenta municipal, Norma Layón, cuando disfrazada de ciudadana cualquiera, recorrió su municipio en un vehículo con placas del Estado de México. Fue detenida e infraccionada por no llevar consigo la licencia de conducir ni la tarjeta de circulación. Sin embargo, el oficial de tránsito, en un acto de benevolencia selectiva, le pidió tres mil pesos para “perdonar” la falta. Fue entonces cuando la alcaldesa reveló su verdadera identidad y, con una reprimenda pública, destituyó tanto a los policías involucrados como a su jefa directa.
Muchos la criticaron, alegando que todo fue un montaje, una farsa montada para mejorar su imagen. Pero, montaje o no, lo que logró fue desnudar la corrupción de los agentes de Vialidad, quienes con descaro piden dinero a cambio de no emitir multas que engrosen las arcas municipales.
Este mal, por desgracia, no es exclusivo de Texmelucan. En Puebla capital, se supo que, previo a la campaña electoral del 2 de junio, los policías de Vialidad tenían la instrucción de levantar al menos diez infracciones por turno, lo que los llevó a perfeccionar sus técnicas para atrapar infractores y negociar con ellos en beneficio propio.
Conocí de cerca el caso de un joven estudiante de Guerrero, quien, tras ser detenido en estado de ebriedad en su auto de lujo, se negó a caer en el juego de la “mordida”. Los policías, molestos por su resistencia, lo llevaron a las instalaciones de Rancho Colorado. Ahí, después de una “pequeña terapia”, le advirtieron que, si no pagaba la módica suma de 35 mil pesos, levantarían cargos que lo llevarían directo a San Miguel. Al final, el tío del joven apareció en plena madrugada con el dinero, y el chico pudo irse a dormir la mona tranquilamente a su departamento.
Este tipo de historias son el lastre que arrastra la cuarta transformación.
A pesar de que el presidente López Obrador construyó su discurso sobre los pilares de “no mentir, no robar y no traicionar”, no todos los que se dicen “cuatroté” practican esos principios. El caso más emblemático es el de Segalmex. AMLO confió en Ignacio Ovalle, lo puso al frente de la institución, pero este, en su astucia, convocó a personajes de dudosa reputación, quienes terminaron traicionándolo, manchando la imagen de pulcritud que el presidente tanto se esforzó por proyectar. “No somos iguales”, dice AMLO. Pero, lamentablemente, no puede hablar por todos.
El poder y la cercanía al dinero fácilmente corrompen. Hombres y mujeres de cualquier partido, con un poco de autoridad en las manos, rompen con facilidad la máxima de la cuarta transformación. Para muchos, la corrupción es un estilo de vida; transar para avanzar es casi una ley no escrita.
El “cabecita de algodón” pronto se retirará. Deja un legado que, para muchos, es monumental. Cumplió su parte. Es un político de principios, de ideología férrea, pero quizá no vio venir que la corrupción es un tumor difícil de extirpar.
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