Dos excelentes decisiones de gran trascendencia para el futuro del país, son las que tomaron mayoritariamente los ministros/as en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los/as magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La elección de la ministra Norma Piña Hernández como presidenta de la SCJN y el magistrado Guillermo Valls Esponda como presidente del TFJA.
Sin duda, la que correspondió a la SCJN ocupó de un gran interés público por ser una institución que desde que fue organizado el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, en 1814, primer tribunal supremo que intentó tener México como nación independiente o desde la Constitución de 1824 reconocida como la que marca el inicio de la vida jurídico-política del México independiente y que dispone la división de Poderes, pasando por la de 1857 y llegando a la de 1917 que instala la SCJN el 1 de junio de ese mismo año, había elegido como presidenta a una mujer.
Así fue en la SCJN que hasta 1961 nombró a la primera mujer ministra (María Cristina Salmorán de Tamayo).
A partir de entonces, solo 12 mujeres más han tenido el privilegio y la alta responsabilidad de ser ministras de la Corte: Livier Ayala Manzo (1976), quien murió el día que fue notificado su nombramiento, en su lugar fue propuesta Gloria León Orantes (1976); Fausta Morales Sánchez (1983); Victoria Aldato Green (1985), quien también fue la primera mujer procuradora general de Justicia de la Ciudad de México; Martha Chávez Padrón (1985); Irma Cué Sarquis (1987); Clementina Gil Guillén de Lester (1988); Olga Sánchez Cordero (1995); Margarita Beatriz Luna Parra (2004); Norma Lucía Piña Hernández (2012); Yazmín Esquivel Sosa (2019) y Margarita Ríos Farjat (2019).
Poco a poco, las instituciones en las que las mujeres tenían nulas oportunidades de acceso a posiciones del más alto nivel han ido constituyéndose en instituciones más igualitarias.
Por supuesto –y como en todas las instituciones públicas lo hemos sostenido– cuando se habla de impulsar igualdad no significa hablar de una igualdad forzada, ya que no se trata de proponer mujeres solo por serlo, se trata de considerar los perfiles profesionales, experiencia, conocimiento, capacidad, trayectorias.
En ambos casos es esperanzador que hayan sido electa/o en instituciones constitucionalmente autónomas, porque su perfil profesional asegura el fortalecimiento de esa autonomía y el régimen jurídico y democrático del país, y reafirma esa condición de ser garantes de la supremacía constitucional, del respeto a las instituciones y del pleno ejercicio de la autonomía.
Así que coincido –como fue enunciado– en que ambas votaciones son “luces en el camino” para restablecer el Estado de derecho que tanto ha deteriorado el actual Gobierno federal.
Inicia así una nueva época en el Poder Judicial y en el TFJA, e inicia también una nueva etapa en el Gobierno del estado de Puebla; a la muerte del gobernador Barbosa, el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina asume la titularidad con el voto mayoritario de diputados/as del Congreso poblano.
Resulta también esperanzador que el titular del Poder Ejecutivo poblano haya respondido de inmediato a la carta abierta firmada por diversas organizaciones, colectivos y mujeres en lo individual, en la que solicitaban atender de manera urgente, ágil y eficiente los altos niveles de inseguridad, violencia y desapariciones de mujeres, así como nombrar a la titular de la Fiscalía del ramo, acéfala hasta ese momento.
Ya ha sido nombrada la nueva fiscal especializada y se ha instalado una mesa permanente con las personas titulares de las áreas responsables para fortalecer acciones y revisar las políticas públicas que han formulado para la prevención y atención de casos de feminicidios, violencias y desapariciones.
Ojalá pueda convertirse también como lo esperamos en la SCJN y en TFJA, en una luz en ese camino que tanto dolor deja a las víctimas de esos delitos.
