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El resolutivo de la CNDH (caso Chalchihuapan)
Sea cual fuere el resultado -positivo o negativo- del dictamen que emitirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su titular Raúl Plascencia Villanueva, sobre el caso Chalchihuapan, en el que hubo un saldo negro que a todos indigna, el gobierno del estado está comprometido a hacer justicia al respecto.
Esto implica, por supuesto, que deberán hacerse ajustes en el gabinete, si es necesario, para mostrar que la ley, la justicia y la integridad de los ciudadanos en Puebla están por encima de los intereses de cualquier funcionario o evento extraordinario.
El informe del ombudsman será revelado hoy alrededor de las 13 horas, tal como ha trascendido en distintos medios de comunicación nacional.
En lo personal estoy en desacuerdo con aquellos que quieren incendiar el estado públicamente, que desean que corra sangre, se corten cabezas a diestra y siniestra por el caso, y Puebla destaque en el ámbito nacional e internacional por un sangriento escándalo.
Siendo así todos perdemos.
Sucedería lo mismo que pasó con el escándalo del “Lydiagate y “El Góber Precioso”.
El mote de “preciosos”, los poblanos, ya nunca nos lo quitamos.
Ahuyentamos al turismo, mostramos una Puebla violenta, corrupta y vulgar.
Sin duda, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas deberá actuar en consecuencia y ejecutar las acciones pertinentes para mostrar que no le tiembla la mano luego del dictamen de la CNDH. Además que deberá indemnizar a los afectados.
Lo dije desde que estalló el escándalo aquel 9 de julio pasado, un día después que se dio el violento choque entre gendarmes y manifestantes en la carretera de cuota Puebla-Atlixco:
Sobre la manifestación y el desalojo de Chalchihuapan existen muchos actores intelectuales que deben responder por sus actos, por sus órdenes y por su falta de tacto para operar un asunto tan delicado como es disuadir a una turba enardecida armada e incitada por personas con fines bien determinados.
El gobierno del estado, por supuesto, es tan responsable de la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo como los propios manifestantes y los actores intelectuales del mismo acto.
Bien dice que el dicho: “Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata”.
Y es que los funcionarios que ordenaron el desalojo violento, en el que se utilizó gas lacrimógeno y toda clase de “armas no letales”, tienen toda la responsabilidad del saldo que arrojó el enfrentamiento.
Lo mismo las personas que encabezaron la manifestación y acarrearon niños, mujeres, ancianos y personas que iban preparadas para golpear policías con toda clase de proyectiles, incluidos los mentados cohetones.
Empero, tal vez más responsabilidad tengan aquellos que azuzaron, prepararon y calentaron a los pobladores de Chalchihuapan, de origen indígena en su mayoría, para enfrentar a la policía que respondió sus agresiones.
Tanto la diputada Roxana Luna Porquillo como sus familiares y seguidores, junto con el edil auxiliar de la región, Javier Montes Bautista, son responsables del resultado de aquel saldo negro en el que falleció el menor de 13 años.
Ojalá que la CNDH y el ombudsman Raúl Plascencia hayan sido justos y equilibrados en su recomendación, en su condena o en su absolución.
Ni el gobierno, ni los verdaderos autores intelectuales de la manifestación bien armada que estalló en Chalchihuapan, ni los medios amarillistas, ni los oficiosos, tienen la verdad ni la razón absoluta.
Ahí están los actos, las consecuencias y los resultados de aquellos que quieren reventar la paz y tranquilidad de Puebla por haber quedado fuera del erario, por un estúpido pleito político.
No se vale que se haya sacrificado a un menor por viles intereses políticos, económicos y personales.
Quienes llevaron a los policías y manifestantes armados hasta los dientes van a llevar consigo, a cuestas, la muerte de José Luis Tehuatlie.
En Twitter: @poncharelazo
