El apsaje en Puebla: ¿una bomba política rumbo al 2027?
El riesgo político para Morena no radica exclusivamente en aumentar el pasaje, sino en hacerlo sin resultados visibles que justifiquen el sacrificio económico de los usuarios
El gobierno de Alejandro Armenta Mier tiene frente a sí una decisión políticamente delicada: autorizar un nuevo incremento a las tarifas del transporte público en Puebla, precisamente cuando comienza a cobrar relevancia el calendario electoral de 2027.
El argumento económico existe. La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, ha reconocido que los aumentos en combustibles, refacciones y costos de operación justifican revisar las tarifas. Sin embargo, también ha condicionado cualquier ajuste a la modernización de las unidades y al mejoramiento del servicio.
Conviene precisar las fechas. El último incremento ocurrió el 12 de octubre de 2019, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, cuando el pasaje pasó de 6 a 8.50 pesos en microbuses y autobuses, mientras que las unidades tipo van aumentaron de 6 a 8 pesos. Antes, el ajuste había sido en diciembre de 2010. Es decir, en noviembre de 2026 han transcurrido siete años, no nueve, desde el último aumento.
Pero el verdadero problema no está solamente en cuánto cuesta el transporte, sino en lo que reciben los poblanos a cambio de su dinero.
Las cifras son contundentes. De acuerdo con datos del Inegi correspondientes a 2025, el 77.6% de los usuarios consultados calificó como deficiente el servicio. Además, el 51% de las unidades registradas en Puebla capital rebasaba los 10 años de antigüedad. La revista vehicular impulsada por Silvia Tanús ayudó, pero ha resultado insuficiente.
Unidades deterioradas, tiempos de espera prolongados, inseguridad, operadores que incumplen las normas de tránsito y rutas insuficientes forman parte de las quejas documentadas. En esas condiciones, pretender cobrar más sin demostrar primero una transformación verificable del servicio plantea un problema de legitimidad pública.
Y existe un antecedente incómodo: en 2019, el incremento se autorizó a cambio de compromisos de modernización, instalación de cámaras, botones de pánico y sistemas de localización. Siete años después, las deficiencias registradas obligan a preguntar qué ocurrió con aquellas obligaciones y quién vigiló su cumplimiento.
La dimensión electoral tampoco puede ignorarse.
En 2027, Morena y sus aliados enfrentarán una nueva evaluación ciudadana en las urnas, particularmente en la disputa por las presidencias municipales y las diputaciones locales. Un aumento al pasaje tendría efectos directos sobre el presupuesto cotidiano de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte colectivo.
La economía de las familias poblana no anda bien y para una persona que realiza dos viajes diarios, un incremento hipotético de 2.50 pesos significaría 110 pesos adicionales al mes, considerando 22 días de traslado. En una familia con varios usuarios, el impacto se multiplica.
El Gobierno estatal enfrenta, por tanto, una disyuntiva: atender las presiones económicas de los concesionarios sin trasladar a los pasajeros el costo de años de rezago, incumplimientos y deficiencias regulatorias.
Sin duda, los transportistas tienen derecho a plantear la actualización de sus costos. Los ciudadanos, por su parte, tienen derecho a exigir unidades seguras, operadores capacitados, frecuencias suficientes y un servicio digno. Una necesidad no cancela la otra.
Pero resulta que el riesgo político para Morena no radica exclusivamente en aumentar el pasaje, sino en hacerlo sin resultados visibles que justifiquen el sacrificio económico de los usuarios. Esa decisión podría convertirse en un tema de debate electoral y de exigencia de rendición de cuentas durante 2027.
Porque el transporte público no es un privilegio ni una concesión graciosa del gobierno: es un servicio esencial que miles de poblanos pagan todos los días.
¿Por qué los ciudadanos tendrían que pagar más por un servicio que todavía no demuestra valer lo que cuesta?
En Puebla, el precio del pasaje se fija por decisión administrativa. Pero el costo político de esa decisión se mide también en las urnas.
Y basta revisar la historia reciente, para confirmarlo. No hay nada que pegue electoralmente más que el bolsillo de los ciudadanos.