El berrinche de Huepa

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez, anda que no lo calienta ni el sol. 

Vamos, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, luego del fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su contra por el cobro ilegal de impuestos que ejercía en la zona limítrofe entre Puebla y su comunidad.

Si bien, se salió con la suya por un tiempo, al final la ley le dio la razón a quien sólo reclamaba lo justo, es decir al ayuntamiento de Puebla.

Los magistrados de la Corte, por cierto, parecen haber dado un primer aviso sobre el histórico pleito territorial entre los dos municipios que se disputan una franja de más de 8 kilómetros, en la que están asentados comercios importantes, fraccionamientos de lujo, colonias e instituciones educativas de gran valía. 

El Decreto de 1962 parece inviolable y, al parecer, le da la razón a Puebla en el cobro de impuestos y muchos otros derechos.

Me parece un absurdo que el edil, Huepa Pérez, haya asistido al Congreso del Estado a manifestar su inconformidad con la decisión final sobre el tema, cuando la SCJN es la máxima autoridad judicial en el país.

Su berrinche de poco le sirvió.

Habrá que recordarle al funcionario que al Poder Legislativo no le quedó de otra que respetar las disposiciones de la Corte y aprobar la Ley de Ingresos 2013 y las Tablas Catastrales distintas sobre Puebla y San Andrés Cholula.

Era una verdadera vacilada otorgar los mismos derechos a ambos ayuntamientos, cuando el Decreto de 1962 es claro.

Qué lástima, el edil sanandreseño ya no podrá hacer y deshacer en la zona limítrofe con Puebla. Dicen que por fin se le acabó su mina de oro. ¿Será?

El caso es que si Huepa pretendiera cobrar un solo peso de los impuestos de la citada zona -entre 10 y 15 millones- se estaría metiendo en un grande problema. Es más, incurriría en un grave delito establecido en la legislación penal procesal para el estado de Puebla, que se define como “concusión”.

Los artículos 430 y 431, sección sexta, de la ley referida, señalan lo siguiente: 

“Art. 430. Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí, o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquier otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley. 

Art. 431. El delito de concusión se castigará con destitución del cargo, empleo o comisión, inhabilitación para obtener cualesquiera otros, por un término de dos a seis años, multa de diez a cien días de salario y prisión de dos a seis años”.

Con esto, el edil, Huepa, tendrá que pensar mucho las cosas si es que quiere contraatacar.

No contentos con las magras e injustas condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores del Congreso del Estado, los diputados insisten en ponerles el pie en el cuello para matarlos de hambre.

Ahora, además de privarlos de su convivio navideño, pretenden asestarles un golpe fulminante a sus intereses.

Lea usted:

Resulta que el flamante, millonario y excéntrico diputado priista, perredista, de Morena o de quien le ofrezca más y mejor, Alejandro Oaxaca Carreón, quien presume le sobra el dinero, quiere impedir que las plazas de los empleados del Congreso puedan cederse a un familiar directo del mismo trabajador cuando éste ya no lo pueda desempeñar.

Intenta, a través de una iniciativa de decreto reformar y adicionar disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que sea la administración estatal la que determine directamente la ocupación de las plazas de los trabajadores.

“Oaxaquita”, como se le conoce, quiere darle el tiro de gracia a los pocos o nulos beneficios con que cuentan los empleados del Poder Legislativo, quienes ya de por sí no ven la suya.

Quiere que las plazas del Congreso las decida el gobierno, sin más, ni más, de forma discrecional. 

Y así quiere apoderarse, también, del próximo ayuntamiento de San Pedro Cholula.