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Soliloquio
Disensos
Un par de acuerdos asumidos en días recientes por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con miras a las elecciones del 2018 ha causado no sólo impacto mediático, sino también duras controversias y hasta disensos por demás irreconciliables.
Uno se refiere a los recursos públicos que se asignarán como financiamiento público a los partidos políticos, y el otro a los lineamientos que ya fueron aprobados para propiciar lo que se ha llamado “piso parejo”.
Se diría que una opinión concluyente en ambos casos depende, en definitiva, del interés particular, esto es, del color del cristal con que se miren.
Veamos por qué.
El tema de las prerrogativas será siempre controversial, pero esta vez el monto acordado causó particular malestar social, porque será el más alto de la historia.
Estamos hablando de que el financiamiento a los partidos para las campañas del año entrante será de 6 mil 788 millones de pesos.
Los partidos que más recursos económicos recibirán son el PRI, con mil 689, 590, 077 pesos; el PAN mil 281, 114, 450 pesos; el PRD 773, 583,685 pesos, y Morena con poco más de 650 millones de pesos.
Le siguen en número redondos el Verde Ecologista con 578 millones, Convergencia con 537, Nueva Alianza 419 y el PES 398, mientras que habrá 33 millones para los candidatos independientes.
A este respecto la autoridad electoral ha destacado la conveniencia de privilegiar el financiamiento público sobre los recursos privados, como vía para fortalecer la democracia y evitar la eventual infiltración de apoyos financieros de dudosa procedencia en los procesos electorales.
Ahora queda esperar que este cuantioso financiamiento sea utilizado por los partidos de manera transparente, mediante reglas claras, precisas y anticipadas sobre los términos de aplicación, comprobación y fiscalización.
En cuanto a los lineamientos aprobados para generar condiciones de “piso parejo”, implica que a partir del próximo 8 de septiembre, ningún funcionario público o dirigente partidista que aspire a ser candidato en los comicios del próximo año podrá hacer proselitismo y contratar propaganda, mediante recursos públicos o privados, en cualquier medio de comunicación.
En su caso, quienes tengan propaganda en la vía pública, antes de esa fecha deberán retirarla en definitiva.
La resolución, como era de esperarse, causó una gran oleada de cuestionamientos e inconformidades.
Hasta el pasado fin de semana, por considerar que afecta a sus intereses, son casi 340 las impugnaciones que ya fueron presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Nunca antes un acuerdo del INE había sumado tanto reclamo, pese a que el espíritu de la disposición es dar equidad a la contienda política del año entrante.
El descontento masivo proviene de los cinco partidos políticos de mayor presencia, así como de legisladores, ciudadanos y empresas de radio y televisión.
Y se ha sumado incluso la Presidencia de la República y varios gobernadores, entre ellos, el mexiquense Eruviel Ávila, Quirino Ordaz, de Sinaloa; Ignacio Peralta, de Colima, y Manuel Velasco, de Chiapas.
Como justificación, el INE ha enfatizado que hasta ahora no había una ley que regulara la propaganda institucional ni la actuación de los dirigentes partidistas, de ahí las reglamentaciones complementarias que ahora son impugnadas.
El consejero electoral Marco Antonio Baños asegura que el INE hizo lo correcto para llenar los vacíos provocados por la falta de esa ley secundaria del artículo 134 constitucional, que regula la promoción personalizada de los servidores públicos.
Baños reconoció que dichos lineamientos suscitan enorme polémica, pero cuestionó a quienes estaban ‘‘cómodos’’ con esta falta de regulación, pero al mismo tiempo realizan un ‘‘juego perverso’’ al criticar al INE cuando no se pone freno a los adversarios.
Un caso concreto de los excesos cometidos a falta de una norma el que incurren dirigentes partidistas.
Por ejemplo, el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador ha aparecido durante 17 meses en 2 millones 192 mil spots de radio y televisión, mientras que el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, en 20 meses, ha tenido presencia en un millón, 241 spots.
Se trata en ambos casos de una copiosa exposición mediática con recursos públicos.
¿Se vale?
Por otro lado, algunos gobiernos, incluyendo el federal, piden revocar los referidos lineamientos de ‘‘piso parejo’’ emitidos por el INE por considerar que es ilegal e inconstitucional limitar la promoción de programas sociales antes del inicio de las campañas electorales.
Y otros han dicho que son atentatorios a la libertad de expresión y son una intromisión del Estado en contra de ciudadanos que tienen la legítima aspirar de gobernarnos.
Lo cierto es que la medida afecta muchos intereses.
Válidos o no es mera cuestión de enfoques.
AL OÍDO
Los operativos del fin de semana en Puebla, y otros en fechas recientes, de los que no estábamos acostumbrados, reflejan la voluntad política del gobierno estatal y la franca cooperación de las autoridades federales para impedir que Puebla sea un refugio de delincuentes de alta escala.
Queda claro también que la lucha contra la delincuencia organizada en cualquiera de sus manifestaciones requiere además de estrategia, intensidad e inteligencia.
