La Puebla de los despojos, que con tanta contundencia han sido denunciados recientemente, es el escenario de un artero abuso contra una mujer de 80 años de edad, a quien con mentiras, presuntas falsificaciones, grietas procesales y flagrantes delitos, han pretendido despojar de su patrimonio.
Las circunstancias forman parte de una historia muy repetida: magistrados y jueces corruptibles, un sistema ineficiente, dentro del Poder Judicial poblano, y el dinero que compra conciencias para dar impunidad a los privilegiados.
En 2027, llegará por fin la primera elección judicial en el estado y, con ello, la posibilidad de que la gente, las y los ciudadanos, el pueblo, y no solamente el poderoso en turno, elija a sus juzgadores.
Mientras tanto, el caso que ha padecido María Teresa Viniegra Luna es paradigmático de la urgencia de que la justicia sea pronta, expedita, efectiva y al alcance de todos.
La señora Viniegra Luna ha padecido todos los vicios del sistema, que los poderosos y privilegiados han puesto en marcha, para despojarla del patrimonio de toda una vida.
Las decisiones en contra de esta mujer que clama justicia y la opaca actuación, entre otros, son responsabilidad del magistrado Roberto Grajales Espina, un ex diputado panista al que puso, pasando por alto los procesos, el sentido común y la decencia, el finado exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, como pago de favores políticos, según trascendió, en su momento, en varios medios de comunicación.
Foto: Especial
María Teresa Viniegra Luna ha denunciado el despojo de su único patrimonio: un terreno de más de 10 mil metros cuadrados, que está ubicado en San José Zacatepec, municipio de Huejotzingo, Puebla.
Según una denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2015, personas identificadas como Antonio Díaz Jiménez, Martín Xicoténcatl Martínez, notario de Tlaxcala, y Francisco Javier Fuentes, falsificaron un poder para vender ilegalmente ese predio.
Desde entonces, Viniegra ha enfrentado un prolongado y obstaculizado proceso legal para recuperar su propiedad; su caso ha pasado por jueces y magistrados durante años, en la espera de que llegue la justicia.
La gravedad del caso aumentó cuando se acusó a dos jueces poblanos, Roberto Antonio Mendoza Salmorán y Amada María Teresa Márquez Bermúdez, de actuar en complicidad con los presuntos delincuentes.
Mendoza caducó el juicio sin justificación en 2015, mientras que Márquez Bermúdez, en mayo de 2022, resolvió en contra de la víctima, argumentando que no se podía probar la falsificación de firma, por la inexistencia del poder en los registros notariales, pese a que ese poder sirvió para validar la venta ilegal.
Los abogados de la víctima denunciaron penalmente a la jueza Márquez Bermúdez, ante la FGE de Puebla, por los delitos de fraude equiparado y delitos contra la procuración y administración de justicia. Esa denuncia no ha sido desahogada y el caso de la venta ilegal del terreno se volvió a estancar en los tribunales.
En el 2022, el caso de este posible esquema de corrupción judicial llegó hasta el jefe del Poder Ejecutivo, quien tomó cartas en el asunto, pero con el fallecimiento del entonces gobernador Miguel Barbosa, el Poder Judicial del estado volvió a congelar el asunto.
En esta trama, el panista magistrado Roberto Grajales Espina, impuesto por Moreno Valle Rosas, tuvo un papel fundamental, ya que en el momento que debió revisar las pruebas, en lugar de determinar una sentencia, repuso el caso; es decir que desestimó las pruebas y las sentencias existentes, para que prácticamente se comenzara de nuevo, lo que representa una evidente maniobra dilatoria de la justicia, esta maniobra representa extender el litigio años.
Por cierto que los panistas se quejan ahora de que sea el pueblo quien elija a los juzgadores, pero qué tal este caso en donde un magistrado fue producto de arreglos políticos y capricho de una sola persona, de Rafael Moreno Valle Rosas.
En este tema, incluso ha trascendido que el magistrado Grajales Espina es quien ha pedido a jueces y magistrados que han llevado el caso, el no resolverlo, sino dilatarlo. Esas son las versiones de fuentes que pidieron la gracia del anonimato.
En este contexto, el caso de María Teresa Viniegra Luna está ahora en manos de una nueva magistrada, María Emma Peralta Juárez.
Ella tiene la oportunidad de hacer justicia o no. Realmente ejercer con dignidad y transparencia el tan cuestionado papel de los impartidores de justicia de este país y en el estado, o atender las peticiones de su colega Roberto Grajales Espina para que la justicia no llegue. El camino es muy, pero muy claro.
En este caso, otro magistrado que tiene en este momento un papel fundamental es Humberto Arroniz Meza, integrante también de la Segunda Sala en Materia Civil, donde se va a revisar el caso. Él está en la misma situación que su colega.
Despojos judiciales, Puebla como penoso líder de estos casos, que han sido recientemente denunciados con energía.
Lo bueno es que la elección judicial en el estado está muy cerca.
