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Contrastes
Derroche en el TSJ
Una interesante investigación está en marcha en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
El tema central es: ¿Quién autorizó gastar 76 mil 800 pesos para rentar un salón social?
¿Quién fue el responsable de gastar ese dinero para que 30 personas estuvieran cómodas para recibir un curso?
¿En verdad era necesario derrochar esos 76 mil 800 pesos para la realización del Curso de Especialización para Jueces en el Desarrollo de Competencias Funcionales en un espacio lujoso?
Evidentemente no.
El despilfarro ocurrió en los tiempos en que David López Muñoz era el presidente del TSJ.
Para ser más precisos, en el 2012.
Pero los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación hallaron a finales del año pasado inconsistencias en el proyecto PUE-011-2012, denominado: “Curso de Especialización para Jueces en el Desarrollo de Competencias Funcionales”.
Cuando los auditores federales empezaron a indagar por qué se gastaron esos 76 mil 800 pesos para rentar un salón social, se encontraron con los anexos técnico del convenio firmado entre el TSJ y la Federación para la aplicación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal y en ninguna parte está autorizada la renta de ese tipo de espacios.
Es decir, no habrá forma de justificar el derroche.
Y es que dentro del citado convenio se establecen algunos gastos autorizados, como son los viajes de los ponentes en donde se incluyen sus hospedajes y alimentación.
También está autorizado el gasto de traslado de los ponentes en donde se cubren erogaciones terrestres y aéreas.
Es más, hasta se pueden pagar honorarios y compra de material didáctico, pero no está contemplada la renta de salones sociales.
El mismo convenio deja en claro que el Tribunal Superior de Justicia debe usar la infraestructura oficial existente para que se impartieran los cursos de la Reforma antes citada.
Quizá David López Muñoz nunca se enteró. O tal vez sí, pero está en marcha la investigación para determinar quién o quiénes fueron los responsables del daño a la Hacienda Pública por esos 76 mil 800 pesos, y eso lo atenderá el actual presidente, Roberto Flores Toledano.
El tema es criticable no sólo por la cantidad, sino por el desapego a las normas y el derroche del dinero del erario.
Total, todo sale del pueblo.
Hasta la renta de salones para que los señores jueces estuvieran cómodos.
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@gomezcarlos79
