En días recientes, poblanos que residen en el distrito 11 federal acusaron que integrantes de Antorcha Campesina intentaron comprar sus credenciales a una cantidad de 400 pesos.
Ello, después de preguntarles la fuerza partidista por la que votarán el próximo 6 de junio.
De acuerdo con los testimonios, los antorchistas prometieron devolver las identificaciones oficiales de sus potenciales víctimas una vez transcurrida la jornada electoral, bajo la promesa de otorgarles un “beneficio social”, cuya identidad nunca revelaron.
Sin embargo, lo anterior ha sido negado por brigadistas de la alianza Va por México, los cuales aseguraron que se trata de una estrategia de Morena para minimizar la dolorosa derrota que tendrá su abanderado, Carlos Hernández Hernández, en el distrito 11 federal.
Cabe recordar que el instituto obradorista sufrió un fuerte revés en esa demarcación cuando se dio a conocer la detención de Saúl Huerta Corona, legislador poblano acusado de violación equiparada y abuso sexual.
Mientras que Hernández Hernández no ha podido remontar los negativos que le dejó su antecesor, mucho menos cuando el INE ya confirmó que el nombre del también académico no aparecerá en las boletas electorales.
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Reza un refrán popular que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar” y este debería ser aplicado por el candidato a diputado local, Jesús Zaldívar Benavides.
Resulta que el aspirante al Congreso por el distrito local 10 tiene cuentas pendientes con la justicia derivado de una serie de anomalías a su paso por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
En el transcurso de la semana, el abanderado de la coalición “Va por Puebla” estará recibiendo un citatorio para comparecer ante las autoridades por estas irregularidades al frente de la dirección general.
Habrá que esperar a ver si Zaldívar Benavides no aplica estar “contagiado de Covid-19” para ausentarse de la campaña mientras pasa el peligro de una posible aprehensión o primero termina la elección.
Hay que recordar que “Chucho Zaldívar” llegó al Conalep gracias a sus buenos oficios cuando fue presidente de la Comisión Inspectora en la LVIII Legislatura y fiel escudero de Mario Riestra Piña quien hoy también busca un cargo de elección popular.
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A escasas dos semanas de las elecciones, están en puerta el cumplimiento de más órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de las administraciones pasadas denunciados por su presunta responsabilidad en delitos cometidos contra la administración de justicia, aunque hay que decirlo, que sólo son contra morenovallistas y no contra los que estuvieron algunos meses en la administración interina que encabezó Guillermo Pacheco Pulido, que en menos de 6 meses se acabaron el presupuesto de Puebla en obras que nunca se materializaron.
A 8 días de la detención del magistrado de la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Puebla, Alfonso Siriako Guillén, quien en el 2017 se desempeñaba como coordinador jurídico general de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, así como la captura de Froylán, quien también habría participado en otorgar 107 millones de pesos a constructoras del proyecto del Centro Expositor, obra que se ejecutó en el gobierno de Mario Marín Torres.
Así como estas dos detenciones, se espera que en las próximas horas se den cumplimiento a otras más que existen contra ex funcionarios morenovallistas, a los que el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha calificado que les gusta la “uña”.
