La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que es necesario que los Congresos estatales legislen sobre los delitos digitales. En ese sentido, coincidió con el proceso que desarrolló el Congreso del estado de Puebla con la modificación del Código Penal de la entidad.
Sin aludir al debate público que se ha dado sobre la, coloquialmente, llamada Ley de Ciberseguridad, también pidió, en un pronunciamiento, revisar –no derogar– esas modificaciones a la norma secundaria y expuso sus razones.
La redacción del texto que publicó la CNDH no deja dudas: avala el procedimiento legislativo que se realizó en Puebla, en donde se abordó el controvertido tema, sin visiones timoratas.
En un tono conciliador, la solicitud de revisión hace énfasis en la atención a las visiones que discrepan de las modificaciones al Código, pero nunca pide ni echarlas atrás ni anularlas.
Con el mismo talante maniqueo, lleno de adjetivos y descalificaciones simplistas, con que han dado el debate, con falsas proclamas, pero sin ofrecer una propuesta concreta de nueva redacción, el Partido Acción Nacional (PAN), sus voceros y otros militantes –de clóset o de militancia–, de la rancia derecha poblana, han tratado de sembrar la tergiversada idea de que se adjudicaron un triunfo, cuando no es así.
Lo que hizo la CNDH fue un “pronunciamiento”, no es ninguna otra figura y no tiene carácter obligatorio en su cumplimiento, aunque la diputada presidenta del Poder Legislativo poblano, Laura Artemisa García Chávez, con prontitud dio acuse de recibo y ofreció atender la solicitud.
El pronunciamiento de la CNDH se da luego de que se realizaron foros en la sede del Congreso local en los que participaron todos aquellos que quisieron y pudieron.
El argumento con que arranca el pronunciamiento de la institución defensora de los derechos humanos en México debe leerse con cuidado y sin interpretaciones; es un aval al proceso que realizó el Congreso del estado de Puebla, para legislar sobre los ciberdelitos, antes que cualquier otro Poder Legislativo de los estados.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la necesidad de que las entidades federativas adopten medidas legales que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia digital”, es el primero y el argumento de arranque del pronunciamiento, que ni es una resolución y que no es una recomendación, figuras con las que cuenta la institución y que siguen otros procesos, que terminan incluso generando obligaciones. Este no es el caso.
Después, en segundo plano, la CNDH agrega la petición de revisar las modificaciones:
“Sin embargo, manifiesta su preocupación por la reciente adhesión del artículo 480 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada este mes, tipificando de manera poco clara el delito de ciberasedio”, agrega el texto, en referencia a la controversia que el tema ha generado en algunos grupos, de manera legítima o con un interés partidista, como lo han hecho el PAN y sus voceros, principalmente, algunos incluso aludiendo su condición de periodistas, aunque también ocultando intereses secundarios.
El pronunciamiento de la CNDH es claro: avala la necesidad de legislar sobre los ciberdelitos, incluido el ciberacoso, pero hace un llamado a la revisión específicamente de uno de los cinco artículos que fueron modificados o agregados.
Hay que recordar que se trata de la modificación a un artículo y de cinco adiciones.
La tergiversación como herramienta, la mentira repetida que busca ser verdad, no tiene cabida en un comunicado que está muy claro.
Y sí, es no solamente necesario, sino también urgente, legislar sobre este grave tema.
Así lo ha hecho Puebla.
