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Cuitlatlán

Brota rebelión en el Poder Judicial

Renascense surge como un parque funerario que terminó con problema de contaminación

Foto: Especial
Poder Judicial de la Federación en Puebla, Edificio del

Para nadie es un secreto que dentro del Poder Judicial poblano, desde hace poco más de seis meses, se desató una auténtica “cacería de brujas” en contra de un conjunto de jueces, quienes han sido objeto de filtraciones o de levantarles investigaciones por supuestas anomalías cometidas en su desempeño como impartidores de justicia. El objetivo de ese amedrentamiento es hostigarlos y obligarlos a abandonar sus cargos.

Tampoco es un misterio saber que esos jueces han sido objeto de ese acoso por una razón elemental: son “incómodos” para el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, pues se habrían negado a recibir órdenes, indicaciones, para resolver ciertos juicios en contra de la razón jurídica.

La persecución que se ha desatado contra los togados se ha querido justificar, maquillar, como si fuera un intento de limpiar la llamada “vieja guardia” del Poder Judicial, que es una expresión que se usa como sinónimo de corrupción o vicios en el ejercicio de aplicar la justicia.

Quienes conocen lo que pasa en los entretelones del Poder Judicial indican que no hay ninguna “limpia” real de malos jueces, tan es así que casi todos los asuntos relacionados con invasiones, despojos o fraudes inmobiliarios, por lo general, no se resuelven a favor de los afectados por esos delitos.

Es decir, a los malos jueces no se les toca. Se amedrenta a los que no quieren recibir “línea” de cómo deben ser sus sentencias, independientemente de los elementos jurídicos presentes en los juicios.

Por eso se insiste en que, la protección que se da al llamado “Cartel Inmobiliario” o “Cartel del Despojo”, es un asunto oscuro que no se remedia “ni por accidente” dentro del Poder Judicial.

Algunos jueces que han sido objeto de dichas campañas de desprestigio se han rendido y mejor se han retirado.

Pero hay otros más que han empezado a dar una batalla jurídica contra el Poder Judicial poblano.

Hay un caso muy notable de un juez que ya ganó un amparo contra el maltrato que recibe en este poder público.

Próximamente habrá noticias importantes de este juez.

Por cierto, es un togado que tiene como “pequeño gran antecedente” que en su momento derrotó en el máximo tribunal del país al morenovallismo.

Termina contaminación de parque funerario

Hace poco más de dos meses, se destacó en este espacio que autoridades estatales habían clausurado un complejo funerario en Cuautlancingo por las constantes quejas de que el humo de los hornos crematorios dañaba la salud de los alumnos de la primaria Carmen Millán, ubicada a unos metros de distancia.

De manera sorprendente, los propietarios de este centro de servicios fúnebres acataron la decisión de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, lo que derivó en una fuerte inversión económica para lograr el resurgimiento de la empresa.

El complejo funerario en cuestión, que era identificado como El Renacimiento, cambiará de nombre y de administración, para ser llamado Renascence.

Una parte importante de la inversión se destinó para modernizar los hornos crematorios, situación que frena la contaminación y ahora esta compañía, que tiene 28 años de funcionar, ya cumple con las normas oficiales NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-085-SEMARNAT-2011 y NOM-098-SEMARNAT-2002.

La remodelación también abarcó las salas de velación, la capilla, las áreas verdes, los pasillos, las áreas comunes, así como trabajos de pavimentación en las calles que dan acceso a este centro funerario.

Un representante de esta empresa expresó: “Es una compañía poblana que genera empleo a cientos de personas. Empezó a funcionar en el año 1998… Se destaca por prestar su servicio con un alto sentido humanista. Ejemplo de ello fue que en la etapa más grave ocasionada por las muertes masivas del Covid-19, se solidarizó con las familias poblanas, al realizar las cremaciones necesarias que en ese momento impuso el gobierno como obligatorias por motivos sanitarios y de salud”.