Amañada, la decisión de un juez para no devolver los terrenos invadidos de La Covadonga

Una prueba más de que en Puebla se protege desde el Poder Judicial a los invasores de tierras, a los miembros del “Cartel del Despojo”, es que ya no hay ningún impedimento legal para regresar a sus dueños las tierras invadidas de La Covadonga, pero un juez se niega, “a toda costa”, que las 8.5 hectáreas en conflicto retornen a sus legítimos propietarios.

Aunque ya existe un mandato superior del Poder Judicial de que se deben restituir los terrenos invadidos de la ex fábrica textil de La Covadonga a sus verdaderos dueños, hay un juez de nombre Francisco Javier Martínez Castillo que, sistemáticamente se opone a que eso ocurra, pues en dos ocasiones lo ha impedido.

Ahora, se sospecha que habría diseñado una estrategia amañada para frenar un tercer intento, que está programado para el próximo 5 de noviembre.

Resulta que el próximo jueves se programó una audiencia a las 12:30 horas para restituir las 8.5 hectáreas que fueron invadidas hace tres años. Y de última hora, el juez dejó entrar al litigio a un grupo de personas que no tienen “vela en el entierro”, es decir, que no son parte del conflicto jurídico, a quienes les concedió una audiencia ese mismo día, pero a las 11:00 de la mañana.

¿Cuál es el propósito? Al parecer, lo que se pretende, es generar un alegato de “daños a terceros” para aparentar que se vio obligado, por tercera vez, a no entregar los terrenos a la Fundación Julita y Antonio, que es la propietaria de los predios.

Un comportamiento –según la opinión de los abogados que defienden a la fundación– que estaría poniendo en evidencia de que el togado juega a favor de los invasores y que rompe, sin ningún pudor, con el principio de imparcialidad que deben mostrar los funcionarios del Poder Judicial.

Tres actos de trampas judiciales

Primer acto: Los terrenos de La Covadonga, ubicados en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, en el norte del municipio de Puebla, fueron objeto de dos invasiones, por mafias que pusieron a la venta los predios de manera ilegal.

La primera invasión abarcó una extensión de 8.5 hectáreas y desde hace tres años, la Fundación Julita y Antonio emprendió un juicio mediante el cual demostró que es la legítima dueña de la propiedad y consiguió que un personaje llamado Jorge N., fuera vinculado a proceso, acusado de presuntamente haber sido el autor del despojo.

A Jorge N. se le impuso una fianza y el juzgado lo obligó a entregar su pasaporte para evitar que salga del país mientras no concluya el juicio.

De tal manera que en mayo pasado, la Fundación Julita y Antonio decidió solicitarle al juez Francisco Javier Martínez Castillo que ya se realizara la restitución de la propiedad invadida. No había nada que lo impidiera.

El juez se negó, al argumentar que podían aparecer “terceros afectados” por el conflicto y que era mejor esperar. Es decir, aplicaba un criterio subjetivo que no tiene cabida en un juicio.

Segundo acto: la Fundación Julita y Antonio presentó una impugnación contra el juez y el Tribunal de Alzada, del Poder Judicial poblano, le dio la razón. Estableció que la audiencia de restitución de los predios se debía llevar a cabo en lo inmediato.

El togado Martínez Castillo parecía que acataría el fallo, pues programó la audiencia en cuestión para el pasado 22 de septiembre, pero de última hora la canceló, bajo el argumento de que Jorge N., el acusado de invasión, le presentó un escrito en el cual le daba a conocer que solicitó un amparo para no permitir el regreso de los terrenos a la fundación.

Quienes conocen de leyes saben que eso es una falta grave del juez Francisco Javier Martínez Castillo, pues la audiencia solamente se podía haber cancelado si un juez de distrito emitía una suspensión provisional del acto reclamado. Eso no lo puede hacer un ciudadano común y corriente que presenta un escrito de su puño y letra.

Al final, el 29 de septiembre, la solicitud de amparo que pidió Jorge N. fue desechada por un juzgado federal por considerar que era “notablemente improcedente”.

Tercer acto: otra vez la fundación recurrió al Tribunal de Alzada y dicha instancia vuelve a fallar igual: se tiene ya que realizar la audiencia de restitución de los predios. No hay nada que impida su realización.

Es entonces cuando ocurre la siguiente circunstancia: un grupo de personas que dicen ser víctimas de una estafa, porque les vendieron los terrenos invadidos, se presentaron ante el Ministerio Público (MP) para exigir que sean incluidos en el juicio de La Covadonga.

El agente del MP que lleva el caso les responde, con mucha claridad, que ellos no pueden ser parte del juicio, pues el litigio se libra contra la invasión de tierras.

Los únicos, les aclara, que pueden intervenir en el proceso son: la víctima o agraviado del delito de despojo, que es la Fundación Julita y Antonio. Así como el acusado, que es Jorge N. Así como sus respectivos abogados.

Fuera de ellos, nadie más puede ser parte de dicha querella.

Lo que procede, les orientó, es que ellos deben por separado presentar una demanda contra quien les vendió de manera ilegal los terrenos y ese asunto se debe de resolver en un juicio aparte.

Contra toda lógica jurídica, resulta que esas mismas personas fueron a ver al juez Francisco Javier Martínez Castillo y este les concedió una audiencia de control judicial, saltando al agente del MP, que es el responsable de determinar si hay un delito que perseguir.

A los supuestos estafados por la venta de terreno y a la Fundación Julita y Antonio les programó dos audiencias el mismo día, con una diferencia de una hora y media.

Los presuntos estafados tendrán la primera audiencia y se buscará que surja un pretexto para que a la fundación se le niegue la recuperación de los que es suyo, en la segunda audiencia. Vaya trampa. O bueno, eso es lo que parece.